Kirsten María Schapira, Especialista en Normas Internacionales y Relaciones Laborales de la OIT

Recientemente, la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina elaboró una compilación de las principales decisiones judiciales -de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones de Chile- que han utilizado los derechos y principios establecidos por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en sus fallos y sentencias. El documento recogió 16 casos fallados por los tribunales superiores chilenos.

En la presente entrevista, la especialista en normas internacionales y relaciones laborales de la OIT, Kirsten María Schapira, da cuenta de las tendencias que se ven reflejadas en el documento.

A partir de la compilación de decisiones judiciales que OIT ha elaborado, ¿Qué tendencia se puede observar en la jurisprudencia de los tribunales superiores chilenos respecto de la utilización del Convenio 169 de la OIT?

La compilación muestra que la justicia está comenzando a aplicar y a apoyarse cada vez más en el Convenio 169 como una herramienta y una fuente de derecho internacional para la resolución de sus litigios en esta materia.

Respecto del estado de aplicación del Convenio 169, ¿Cuáles son las principales trabas que impiden que se aplique de mayor y mejor manera?

El examen del nivel de aplicación de convenios ratificados es prerrogativa de los órganos de control de la OIT y en particular de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenio y Recomendaciones de la OIT (CEACR).

En febrero de 2011, esta Comisión  emitió sus primeras observaciones sobre la aplicación del Convenio 169 por parte de Chile.  En esa oportunidad, entre otras cosas, la Comisión hizo referencia a aspectos relacionados con la consulta. Además, formuló una observación general sobre el derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de proporcionar aclaraciones necesarias para ayudar a los gobiernos a aplicar de manera efectiva el Convenio 169 y, a los Pueblos Indígenas, gozar de su protección y beneficios. Cabe señalar que la observación general no se dirige a un Estado específico, sino que a todos los países que enfrentan esta temática.

Dado que esa vez la Comisión de Expertos efectuó su primer examen sobre la aplicación  del Convenio 169 por parte de Chile tras su ratificación, planteó puntos y preguntas para recibir un complemento de información que le permita a futuro evaluar y apreciar mejor el estado de aplicación del Convenio. Esto, tomando en consideración que se trata de un proceso que no se hace de la noche a la mañana.

La Comisión de Expertos de la OIT acaba de publicar su informe anual de 2012, en el que no se hizo comentarios al caso de Chile respecto de la aplicación de este Convenio. ¿Por qué la Comisión no se prenunció este año sobre Chile?

La Comisión de Expertos no se pronuncia sobre la aplicación de todos los convenios ratificados por un país todos los años, sino que -con miras al alto número de ratificaciones a nivel mundial- se estableció una periodicidad de examen del estado de aplicación. Eso no significa que todo esté bien o que todo esté mal. La Comisión necesita estudiar y examinar un poco más en profundidad el tema antes de emitir un nuevo comentario.

¿En la compilación de casos que ustedes  elaboraron se puede apreciar alguna tendencia en cuanto a los casos presentados que han invocado el Convenio 169 en el marco de sus demandas?

En general, la compilación recogió casos de recursos de protección motivados por alegaciones derivadas, principalmente, de afectación ambiental e invocaciones al Convenio 169, que se refieren básicamente a la no ejecución del proceso de consulta que establece el Convenio.

Se puede observar como tendencia que los casos presentados, y en otros países también, giran principalmente en torno a la protección de las tierras indígenas respecto de inversiones que afectan de alguna u otra manera sus derechos y el medio ambiente del territorio que habitan. El tema del medio ambiente va de la mano con el derecho de la tierra.

¿En qué casos se han acogido más favorablemente los principios del Convenio 169 de la OIT y se ha juzgado en base a ellos?

A través del estudio de los casos analizados, podemos observar una tendencia. Esta es que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones están conscientes de la existencia del Convenio 169 y su efecto jurídico tras la ratificación que lo convirtió en legislación nacional de Chile. Estas son tendencias o constataciones muy positivas que podemos hacer.

¿Qué elementos han influido en que se acojan o no los principios del Convenio 169?

En primer lugar, la OIT brinda asistencia técnica a sus constituyentes: gobiernos, empleadores y trabajadores. Sin embargo, está ampliando su asistencia técnica hacia la justicia, porque hoy por hoy es indiscutible que la contribución del Derecho Internacional del Trabajo, tal como lo traducen los Convenios de la OIT, no puede limitarse a su impacto o influencia en las legislaciones nacionales, sino que su alcance abarca todos aquellos ámbitos que permitan su reforzamiento y legitimidad. Es allí donde se destaca el papel del juez. En ese sentido, nos parece muy importante acercarnos al Poder Judicial.

Actualmente, en colaboración con la Corte Suprema, estamos realizando jornadas de capacitaciones dirigidas a los jueces de la Corte Suprema y de Apelaciones, porque la mayoría de los casos en materia de derechos de los Pueblos Indígenas llegan a ese nivel.

El Defensor Nacional, Gerogy Schubert, conoce de cerca la importancia de incorporar una perspectiva intercultural en el Sistema de Justicia. Esto, no sólo porque la Defensoría Penal Pública está impulsando importantes capacitaciones y reformas en esta materia, sino también porque nació y creció en una de las zonas con mayor concentración de población indígena en el país, donde trabajó por varios años como Defensor Local en Carahue y como Defensor Regional en la Regióndel Bíobío.

En la presente entrevista, Georgy Schubert ofrece su amplia perspectiva sobre los avances y desafíos que tiene la Defensoría Penal Pública y, en general, el Sistema de Justicia en materia del tratamiento a los Pueblos Indígenas. También da cuenta de su visión sobre la necesidad de incorporar la diversidad cultural en la concepción que la sociedad tiene del país y de que eso se refleje en la convivencia social.

¿Qué particularidades tiene la defensa penal a imputados indígenas?

Tiene varias características que requieren de un trabajo de especialización para tener una defensa más efectiva ante los tribunales.

Hay limitaciones que están de maneras más o menos permanente cuando se trata de personas imputadas de delitos; por ejemplo, muchas de ellas están privadas de libertad o son personas que provienen de los segmentos de más escasos recursos, lo que de por si ya es una vulnerabilidad.

En el caso de los Pueblos Indígenas, además de las barreras sociales y económicas, se agregan otras como la ubicación geográfica, pero lo más importante es que hay una barrera cultural. Existe una tendencia desde la sociedad y el Estado a unificar la visión que tenemos de quienes integran este país, como si todos tuviéramos una sola vertiente cultural. Se insiste mucho en que somos una sola nación, pero la verdad es que uno ve diferencias culturales profundas, que ahora todos reconocemos como una cosmovisión que es distinta. No sólo hay barreras de lenguaje y culturales, sino que también de la forma de ver el entramado social, las relaciones familiares y, en general, la justicia.

Entonces, es uno el que debe acercarse, para establecer puentes y que la gente pueda comprender, en este caso, un Sistema de Justicia que se aplica a todos quienes habitan el territorio de la república y vencer esas barreras culturales.

¿Esas consideraciones especiales tienen que ver con la vulnerabilidad que presentan las personas indígenas frente al sistema de justicia?

Tiene que ver con la vulnerabilidad, esa es la generalidad. Ahora, hay casos de mayor visibilidad, que son los del denominado conflicto, en los que además se agrega una legislación especial, en particular en materia antiterrorista, lo que de por sí agrega otro factor que hace más difícil la defensa y que nos exige mayor especialización.

¿Cuáles son las causas principales que involucran a personas indígenas que acuden a ustedes?

Las principales causas, numéricamente hablando, no tienen que ver con las denominadas del conflicto. La mayoría tiene que ver con delitos comunes: lesiones, amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar, situaciones de daños y lesiones en riñas. Es decir, la mayoría de los delitos que afectan a los imputados indígenas, son los mismos que afectan a cualquier comunidad. Sin embargo, también deben verse en un contexto de interculturalidad. No es lo mismo una situación de riña al interior de una familia mapuche en el campo que entre chilenos en una ciudad, porque las interrelaciones son distintas, tanto la organización como la forma en que los hechos se valoran. Nosotros tratamos que esos elementos estén en la discusión.

Lo que quiero decir es que los hechos no son muy distintos, pero deben tener una valoración y connotación distinta para aplicar una sanción adecuada donde el derecho penal debe intervenir.

A eso se agregan los casos del denominado conflicto que, insisto, no son la mayoría. Allí existen situaciones de incendio, delitos que se han calificado como amenaza terrorista, incendio terrorista, en su momento asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado, etc. Esos casos tienen más visibilidad y ahí lo más complejo es la aplicación de legislación especial a personas indígenas en el marco de una situación que internacionalmente no es calificada como terrorista.

En resumen,la Defensa EspecializadaIndígena es mucho más que el tema del conflicto y, en general, los delitos que tienen más visibilidad están lejos de ser los numéricamente más relevantes. Sobre todo, no se debe percibir de ninguna manera quela DefensaEspecializadaexiste porque se cometan más delitos al interior de las comunidades. Son los delitos que hay en cualquier comunidad y con situaciones que son normales.

¿Ustedes perciben algún tipo de discriminación por parte del sistema de justicia hacia las personas indígenas?

Yo creo que hay una resistencia a admitir que existe una obligación por parte del Estado de realizar un tratamiento distinto a las personas que pertenecen a una etnia indígena y que las normas, -que son aplicables al resto de los chilenos-, no pueden aplicarse e interpretarse de las misma manera hacia las personas indígenas, porque existen tratados internacionales y una serie de garantías que así lo indican.

Un caso emblemático es el de Gabriela Blass, una pastora aymara. En este caso se debe entender que, a propósito de su cultura, un interrogatorio sin la presencia de un integrante de su familia o de una figura de autoridad de su comunidad, no es aceptable, menos cuando se trata de una mujer. Si el hecho de que a una mujer detenida se le lean los derechos, se le interrogue y se obtenga una declaración de ella es aceptable para nuestros códigos, eso no es aceptable en el caso de su contexto cultural. No obstante, los tribunales no reconocieron esa diferencia y, por tanto, al tratarla igual, se produce sin duda un trato discriminatorio.

También hay otras situaciones que vemos en las que se debe avanzar. Si en una ciudad, a propósito de la investigación de un delito, yo obtengo una orden de entrada y registro para un domicilio, esa orden va a ser para una casa con un número particular y no otro. Ocurre que en las comunidades, particularmente en el sur, cuando se investiga un delito y se consigue una orden de entrada y registro, se produce un allanamiento masivo a un sin número de casas, porque en las comunidades las casas no tienen un número ni una calle determinada. Entonces, se ven afectadas 30 o 40 familias por la investigación de un ilícito donde eventualmente podría estar participando una persona. Eso es un trato discriminatorio, porque las personas sufren un tratamiento que es desigual. Ninguno de nosotros aceptaría que le allanaran la casa porque se está investigando a alguien del barrio donde uno vive. Pues bien, esa situación se vive permanentemente en el sur.

De todas maneras creo que está existiendo cada vez más consciencia de que eso no es tolerable, porque somete de manera indiscriminada a personas a una situación violenta. En sí, un allanamiento es una situación violenta y por tanto sólo se justifica en casos de extrema necesidad. Además,  existe una afectación de hecho a niños, lo que es aún más grave.

Hay otros ejemplos concretos de situaciones que sería inaceptable que ocurrieran en Santiago o en cualquier otra ciudad de Chile. Por ejemplo, un procedimiento policial en el que se va a detener a un menor de edad a su colegio. Nadie aceptaría eso. Sin embargo, ha ocurrido que se ha ido a detener a menores de edad en los colegios donde están. Incluso, en una situación en particular, una directora de colegio accedió a que se realizara el procedimiento policial y la persona fue detenida al interior de su colegio.

En todas las normas debe existir una ponderación en cuanto a la necesidad de afectar un  derecho, siempre afectándolo lo menos posible. Por eso existen normas que regulan que los allanamientos no se hagan a cualquier hora. Entonces ¿Existe la necesidad de detener a un adolescente estando en su colegio, junto a sus compañeros y que los demás presencien ese procedimiento? A mí me parece que eso es un trato discriminatorio,  porque ocurre sólo al interior de una comunidad mapuche y no ocurriría en ningún otro lugar de Chile.

¿Qué argumentos justifican medidas como esas?

Yo creo que hay una falta de conocimiento y de darse cuenta de que esa situación no sería tolerada en otras circunstancias. Entonces, a propósito de situaciones vinculadas al conflicto, parece haber un cierto margen de tolerancia que, aunque sean delitos muy graves, a mí no me parece que sea el tratamiento que merece un pueblo originario. Porque, y esto es relevante, los Pueblos Indígenas no sólo merecen el mismo respeto que los demás ciudadanos, tienen más derechos, resguardos y protecciones, porque tienen una condición de vulnerabilidad. Esto, porque es muy fácil pasar a llevar sus derechos más allá de lo aceptable. Por lo tanto, no sólo se debe procurar un tratamiento más o menos equilibrado, sino que se deben tener más medidas de resguardo y aquí ocurre a la inversa.

Además, independientemente de que existan situaciones de conflicto y delitos que se puedan imputar que sean muy graves, a mí me parece que es evidente, -cuando se observan los procedimientos y juicios-, que las personas pertenecientes a las comunidades no tienen ninguna posibilidad de protegerse frente al aparato del Estado cuando están en situación de ruralidad y de pobreza. Y, si hay algo que quieren hacer las normas jurídicas -en particular las que protegen a las personas imputadas de delitos y a los pueblos originarios- es establecer límites para que el poder del Estado no traspase y afecte más allá sus derechos.

¿Cómo la Defensoría ha ido avanzando en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y en qué resultados concretos se reflejan las acciones que han tomado?

La Defensoríaidentificó la necesidad de una defensa especializada el año 2003, cuando se creó una Defensoría Mapuche enla RegióndeLa Araucanía. Luegode eso, hubo  necesidad de ir ampliando una mirada, desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas, en otras regiones y comenzaron a incorporarse profesionales especializados enla Regióndel Bíobío y también comenzó a trabajarse con el pueblo Aymara y Rapa Nui.

Eso se fue materializando en capacitación, lo que se acentuó, a partir de 2008, con la incorporación del Convenio 169 dela OIT.

No obstante, sin duda los saltos más grandes se dieron en 2010 y 2011. En 2010, con la incorporación de siete facilitadores interculturales, que son personas que pertenecen a la etnia respectiva, que son hablantes y que nos sirven para hacer puentes entre los abogados defensores y los imputados indígenas y a su vez colaborar para que el tribunal comprenda toda esta situación cultural. En 2011, además de la incorporación de nuevos facilitadores y ya formalizando esta especialización en las distintas Defensorías Regionales, hubo un gran proceso de capacitación con la colaboración de PNUD Chile a más de 190 profesionales dela Defensoría, incluso se incorporaron algunos jueces.

La sola capacitación no es suficiente, es una etapa de un proceso que debe mantenerse en el tiempo, con profesionales y con una organización que, desde la estructura y manera de trabajar, sea distinto. Por ejemplo, tenemos una oficina en Temuco, pero sabemos que no nos podemos quedar sentados en la oficina esperando que lleguen los imputados, en este caso, mapuche. Lo mismo en Cañete. Lo que hacemos es que los profesionales, facilitadores y defensores van hacia las comunidades. Nosotros salimos, estamos en terreno,la DefensoríaEspecializadano sólo es una oficina con una dirección, sino que son personas que están permanentemente creando estos vínculos de confianza, de escuchar, de tener estos nexos directos, para que nos conozcan y cuando lo necesiten puedan acudir a nosotros.

Hemos avanzado, pero sabemos que queda mucho por avanzar.

¿Qué desafíos presentan para ustedes los delitos de mayor connotación pública asociados a la recuperación de tierras y al denominado conflicto?

Frecuentemente, hay formalizaciones e imputaciones que se califican de terroristas. A propósito de la reivindicación de tierras, ocurren incendios, quemas de camiones y a veces atentados contra las personas.

El mayor desafío tiene que ver con el tema de terrorismo y con la manera en que nuestra legislación tipifica el delito terrorista. Nosotros como defensores hemos sostenido que el delito terrorista está tipificado de una manera tan amplia, que no sólo involucra situaciones de terrorismo, tal como se conoce el fenómeno terrorista en materia internacional, sino que también podrían ser calificadas de terroristas situaciones de conflicto social, y en eso hay un cierto margen de discrecionalidad. La quema de un camión puede ser calificada de delito terrorista si ocurre enla RegióndeLa Araucanía, pero no en el marco de una protesta de subcontratistas mineros en el norte. ¿Dónde está la línea divisoria? En la legislación antiterrorista no está clara, entonces más bien parece ser una decisión de las autoridades. Eso es complejo, porque obviamente la legislación que sanciona las conductas terroristas no sólo tiene penas más altas, sino que tiene una serie de restricciones hacia la defensa en materia procesal. ¿Cuál es el problema cuando se restringen las garantías procesales? Que existe mayor riesgo de una condena errónea contra una persona. Entonces, si uno suma la posibilidad de una sanción más alta con una menor certeza de que se está condenando a la persona adecuada, se produce una combinación que puede ser atentatoria de las garantías mínimas de un debido proceso. Esto es los que ocurre principalmente con el tema de los testigos sin identidad, que siguen estando presentes en estos procesos. Nosotros como defensores vamos a seguir discutiendo su legitimidad, porque creemos que una interpretación sistemática de nuestra legislación debiera impedir que estos testigos sean admitidos como prueba en los juicios y, claramente, de acuerdo con los instrumentos internacionales, no sería aceptable. Existen en este momento algunas denuncias antela Comisión Interamericanade Derechos Humanos que eventualmente podrían llegar ala CorteInteramericanade Derechos Humanos, por condena por delito terrorista en situación de conflicto enla RegióndeLa Araucanía, precisamente, por el uso de testigos sin identidad.

¿Cómo están enfrentando esta situación para mejorar la defensa de estos imputados?

Enfrentar un juicio con testigos sin identidad es una adecuación que no es posible resolver por parte de los defensores. Lo que vamos a seguir haciendo es recurrir a las cortes, cuando los tribunales lo acepten, y vamos a seguir sosteniendo, -confiando en que la jurisprudencia y que los criterios cambien-, que una persona no puede ser juzgada por testigos sin identidad. Obviamente, también la jurisprudencia que pueda haber el día de mañana ante un tribunal internacional como lo esla CorteInteramericanade DD.HH. nos podría servir a nivel de derecho interno.

Por otra parte, este tipo de causas nos obliga a tener más personas dedicadas a esto, con más tiempo para hacer investigaciones que sean acuciosas, para tratar de presentar más pruebas de descargo y, aunque no siempre lo logremos, intentar que afecte lo menos posible a personas que han sido privadas de libertad.

En el caso de los juicios de Cañete, por ejemplo, en que fueron condenados cuatro mapuches, hubo 17 personas que fueron llevadas a juicio. La mayoría estuvo privada de libertad por largos periodos de tiempo, personas que fueron acusadas por testigos sin identidad y que fueron absueltas. Que el jefe de hogar de una familia pobre, que debe realizar tareas agrícolas, esté más de un año en la cárcel, no sólo es una injusticia para quien la vive privado de libertad, sino que condena a una familia y a niños a la pobreza. Entonces, son elementos que los tribunales debieran considerar al momento de ver este tipo de causas. Por eso digo que no solo se necesita tener criterios que no sean discriminatorios en cuanto a tratar a las personas indígenas con la misma dignidad y derechos que al resto de los chilenos, sino que se deben tener protección y resguardos especiales por la afectación que uno ve en situaciones como esta.

En las causas en las que han defendido a personas indígenas, ¿Han podido argumentar en base a los tratados y convenios internacionales? ¿Cómo ha sido la recepción de los tribunales?

Sí, eso es una argumentación que se ha incorporado siempre: la existencia de tratados internacionales, el Convenio 169 dela OIT, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el pacto de San José de Costa Rica…. Aún existe debate sobre el rango que tiene este tipo de normas, pero no existe debate sobre si son aplicables o no. Sí lo son.

La jurisprudencia no está unificada. Hay tribunales de garantía, tribunales orales y cortes de apelaciones  que han dado lugar a estas alegaciones. Pero, a nivel de jurisprudencia dela CorteSuprema, no hay un criterio uniforme. Por lo menos, en el último caso que tuvo connotación, que fue el caso de Cañete, no nos fue bien con el tema de los testigos sin identidad y tampoco hubo una clara interpretación sobre de qué manera al tratarse de miembros de pueblos originarios se aplicaron los tratados internacionales. Pero bueno, la jurisprudencia evoluciona y todos los abogados sabemos que en eso consiste esto. Son discusiones y debates a veces de muy largo plazo, pero que si uno tiene razones poderosas desde un punto de vista jurídico se debiera finalmente tener éxito.

Desde su particular punto de vista, dada su trayectoria de trabajo en localidades con alta concentración mapuche ¿Cómo ve las relaciones interculturales en general  y la tensión que cada cierto tiempo se produce entre Pueblos Indígenas y el Estado? ¿Qué desafíos presenta para la sociedad en general, para el Sistema de Justicia y/o para la Defensoría Penal?

Cuando uno habla de conflicto, quizás lo pone todo en una situación de tensión. Efectivamente, esto se visibiliza cuando hay cosas que se salen de los marcos normativos y ahí interviene el Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, yo creo que hay un enorme espacio de entendimiento fuera del sistema de justicia criminal y, claramente, el sistema de justicia criminal no es la solución para los temas que aquí están planteados, que son mucho más profundos. Estos temas involucran el concepto de país y de sociedad que queremos construir, en el que se reconozca la diversidad y la existencia de culturas distintas. Debemos aceptarlo y entenderlo.

Yo espero que a futuro esto no sea un tema de discusión dela Defensoría Penal Pública, de la Fiscalía, ni de los tribunales de justicia criminal. Ojalá que el día de mañana no tengamos que tener una defensoría especializada con causas vinculadas al conflicto. Nosotros nos transformamos en actores de esto y creo que eso es lo lamentable. Esto debiera ser una discusión que se tiene a nivel de sociedad: en el Congreso, en las universidades, en las juntas de vecinos, en las comunidades, etc. Yo confío en que para allá avancemos.

Yo nací en Temuco. No sólo trabajé allá, sino que estudié en establecimientos municipales de Temuco y siempre tuve compañeros que eran mapuches… Pero de verdad, recién en los últimos años he venido a darme cuenta, entender y ver que en la novena región convivían naciones distintas dentro de un mismo país. Ese es el convencimiento al que he llegado.

Yo, desde mi desconocimiento, quería creer que éramos una sola nación y además creía que eso era positivo y bueno uniformarnos. Hoy creo que lo positivo, lo bueno y la manera de construir una mejor sociedad es reconocer esa diversidad a nivel de legislación y de interpretación y que, además, eso salga del ámbito de los  tribunales, que escape de las cosas jurídicas y se vea en la convivencia social. Tengo que tener una mirada positiva de lo que nos espera en el futuro.

Y para el sistema de justicia en general ¿Qué desafíos presenta este tema?

Reconocer que existe esta diversidad y establecer, no solo legislación, también jurisprudencia y criterios que nos permitan construir un sistema de justicia donde todas las personas tengan acceso, donde los conflictos efectivamente se puedan resolver y donde las personas sean importantes. Esto va desde cosas tan complejas como la aplicación de los tratados internacionales en casos de gran connotación hasta la hora en que fijamos una audiencia en Cañete, considerando que si las micros llegan desde las comunidades más lejanas a las nueve de la mañana, no los podemos citar a las 8:30. Eso es considerar la diversidad.

Lideresas indígenas asistentes al taller de comunicacion estratégica, incidencia y uso de tecnologías de la información, organizado por PNUD Chile y el ICEI de la Universidad de Chile.

Alrededor de 30 mujeres líderes de los pueblos Mapuche, Aymara, Rapa Nui y Likanantay se reunieron el pasado 24 y 25 de mayo en dependencias del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, respectivamente. El motivo de la cita era participar en el Taller de Comunicación Estratégica, Incidencia Efectiva y uso de Tecnologías dela Información y Comunicación (TICs) diseñado para ellas.

Durante el encuentro se presentaron los resultados de una investigación sobre visibilidad de voceras indígenas en medios de prensa nacional que realizó el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI). El resto de la jornada estuvo dedicado al fortalecimiento de las capacidades de comunicación y de uso de tecnologías de la información, instancia de capacitación que estuvo a cargo de destacadas académicas de la Universidad de Chile.

“Agradezco la oportunidad de participar en este taller de comunicación, pues nos han entregado valiosas orientaciones para ordenarnos. Muchas veces creemos que nos comunicamos bien y en el fondo no es así. Eso es algo que me llevo muy adentro, pues la forma en que uno entrega la información y se dirige a la gente repercute en si va a ser bien o mal escuchado y eso es muy importante. Hay que reflexionar sobre este tema. Yo no soy experta en comunicación, pero creo que hoy aprendí”, señaló Sofía Painequeo, concejala de Lumaco.

Por otra parte, respecto de las particularidades que tiene el liderazgo femenino indígena, la presidenta del Consejo Nacional Aymara, Cecilia Flores,  señaló: “Siento que el liderazgo femenino tiene algo que es más de consenso y confianza. Algo que permite abrir caminos de diálogo. Eso se logra mediante un largo proceso de construcción de credibilidad, de esfuerzo y de dedicación, ya que hay que ser muy constante”.

Finalmente, la representante de la organización Makenu Re de Rapa Nui, Valeria Pakarati se refirió a la importancia de haber compartido con el resto de lideresas en esta instancia de formación: “la lucha es una sola, sacar adelante nuestros pueblos. En virtud de esto, agradezco la socialización que hemos podido lograr con nuestras hermanas”.

Con una rogativa se dio inicio al seminario: “Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal de los Derechos Humanos”.

El pasado 2 y 3 de abril del presente año, organizaciones indígenas de todo el país se reunieron en el Seminario de Formación para Líderes Indígenas: “Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal de los Derechos Humanos”, que tuvo lugar en la Universidad Central de Chile.

En el seminario se trataron los principales temas relativos a  los derechos de los pueblos indígenas. Humberto Henderson, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) expuso sobre: “El Sistema de Naciones Unidas y los Derechos Humanos”. La especialista en normas internacionales  y relaciones laborales de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT), Kirsten María Schapira, en tanto, expuso sobre el Convenio 169 dela OIT y la implementación del proceso de consulta y participación indígena en Chile. Respecto del tema de la Biodiversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, referido al acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios que se deriven de su utilización, expusieron los expertos: Javier García Monge y Juan Francisco Bascuñán, Director y abogado del Ministerio de Medio Ambiente, respectivamente y los representantes de la Organizaciónde las Naciones Unidas para la Alimentación  y la Agricultura (FAO), Gonzalo Tejeda y  Juan Anjari.

Respecto de los temas relativos a la Diversidad Cultural, Educación y Derechos Lingüísticos, expusieron el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo Latorre;  la representante de UNICEF Chile, Oriana Zanzi;  la encargada  Unidad Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, Alicia Salinas; la encargada de la Unidad de Educación y Cultura de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Andrea Manqui  y el representante del Jardín Infantil Comunidad Francisco Trecan de la comuna de Toltén (IX Región), Lonco Sonia Millahual Cheuque.

Finalmente, respecto de la visión de los Pueblos Indígenas hoy en diversos aspectos como la Salud, Educación, Trabajo y Artes, expusieron representantes de los pueblos Representantes Rapa Nui-Mapuche- Aymara y también el abogado consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Fuenzalida.

Esta instancia de formación fue organizada por la asociación indígena Wilkunche y patrocinada por el PNUD a través del concurso de Asistencia Técnica a Organizaciones de los Pueblos Indígenas del Programa Conjunto: Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales Para la Prevención y Gestión de Conflictos Interculturales en Chile, la UNESCO, UNICEF, el INDH, UNFPA, OIT, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad Central de Chile.

Entre los principales acuerdos se encontraron las acciones para ser incluidos en la nueva Ley de Pesca, la necesidad de acceder a espacios de ríos y lagos en el marco de la Ley Lafkenche y el fortalecimiento del trabajo por la recuperación de territorios.

El Tercer Congreso de Identidad Territorial Lafkenche se desarrolló el pasado 13, 14 y 15 de abril en la comuna de Carahue (Región de la Araucanía).

Alrededor de cuatrocientos representantes de las comunidades Lafkenche de Bíobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos participaron del Tercer Congreso de Identidad Territorial Lafkenche el pasado 13, 14 y 15 de abril. El encuentro se realizó en la comuna de Carahue (Región dela Araucanía) y tuvo como objetivo principal evaluar el trabajo realizado por las comunidades y consensuar una agenda común para los próximos años.

El encuentro contó con la participación del premio nacional de historia, Gabriel Salazar, quien expuso el tema: Desafíos de los movimientos sociales de hoy;  del abogado y decano de la facultad de Derecho dela Universidad Bolivariana, Manuel Jacques, quien expuso sobre el tama: Constitución chilena y pluralismo y de la asambleísta ecuatoriana, María Augusta Calle, quien expuso sobre asambleas constituyentes y las nuevas constituciones en América Latina. El tema de los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco del Convenio 169 dela OIT también fue discutido por un panel de expertos.

Entre las principales temáticas abordadas por este Tercer Congreso estuvo la necesidad de incluir, en la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, el derecho del pueblo Lafkenche a extraer los recursos del mar y la vulnerabilidad de los recursos naturales ante las concesiones a empresas extractivas. También se debatió sobre la necesidad de solicitar espacios de ríos y lagos, en el marco de la aplicación de la ley que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, conocida como Ley Lafkenche. Por último, también se señaló la recuperación de territorios como una de las principales  reivindicaciones.

Entre las principales expositoras del evento se encontraron: Andrea Manqui, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); la representante de la Comisión Mujer de la Mesa Regional Indígena de Santiago, Cecilia Mendoza Yere; la investigadora de la Universidad de Chile, antropóloga y magíster en Estudios de Género y Cultura con mención Ciencias Sociales, Carolina Franch y la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ingrid Zabaleta.

La Comisión Mujer de la Mesa Regional Indígena de la Región Metropolitana lanzó, el pasado 19 de abril, la Memoria del Seminario Internacional: “Mujeres Indígenas: su aporte y liderazgo en los distintos procesos sociales indígenas”.

El evento tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y contó con la presencia de mujeres representantes de diversos pueblos indígenas del país. 

Entre las principales expositoras del evento se encontraron: Andrea Manqui, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ingrid Zabaleta; la investigadora de la Universidad de Chile, antropóloga y magister en  Estudios de Género y Cultura con mención Ciencias Sociales, Carolina Franch y la representante de la Comisión Mujer de la Mesa Regional Indígena de Santiago, Cecilia Mendoza Yere.

El Seminario Internacional del que da cuenta la memoria publicada se realizó en septiembre de 2011 y contó con la presencia de destacadas lideresas indígenas, tanto de Chile como de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. El principal objetivo del encuentro fue relevar el rol cultural, social y político, así como visibilizar su aporte en los distintos procesos sociales y fortalecer la identidad y el rol social de la mujer indígena.

Entre las principales conclusiones del encuentro que rescata el documento se encuentra la concepción de que las mujeres indígenas no han abordado en profundidad el trabajo de género, por estar abocadas a la problemática de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, lo que  ha hecho que posterguen sus necesidades específicas. 

Una segunda conclusión transversal dice relación con la postergación de las mujeres indígenas en diversos ámbitos: el reconocimiento y ejercicio de sus derechos; en su desarrollo social, laboral, económico y en el ámbito de su participación. Además de la constatación de una falta de independencia económica, tanto en el ámbito familiar como en los ámbitos organizacionales y sociales.

Respecto de la cultura, las asistentes al Seminario Internacional señalaron la relevancia de fortalecer a las nuevas generaciones de mujeres indígenas nacidas en la urbanidad que han perdido sus costumbres y que muchas veces se sienten discriminadas y excluidas de su propio pueblo.

Finalmente, el documento da cuenta de la necesidad manifestada por las participantes de contar con espacios de encuentro, diálogo y organización, a nivel nacional y local, con el fin de generar redes de apoyo y espacios para expresar sus necesidades específicas y ocuparse de ellas. Además de la necesidad de acceso a información relevante, herramientas técnicas y capacitación en liderazgo femenino.

Anuar Quesille, abogado del Área de Protección Legal de UNICEF

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) está implementando el Programa: Fortalecimiento de la protección de niños, niñas y adolescentes de origen mapuche enla Región de La Araucanía, que trabaja directamente con las instituciones del Sistema de Justicia de la zona.

Uno de los mayores logros de este programa ha sido la modificación de la Ley Antiterrorista, para excluir de su aplicación a menores de 18 años. Junto con ello, el proyecto ha logrado abarcar en profundidad una variedad de problemas identificados por los propios actores del Sistema de Justicia. Estos van desde capacitación en materia de derechos de la infancia y en particular la infancia indígena a un amplio espectro de funcionarios del área hasta la incorporación de criterios de pertinencia cultural en la concepción y procedimientos de las instituciones implicadas.

En la presente entrevista, el abogado del Área de Protección Legal de UNICEF, Anuar Quesille, explica los avances de este importante proyecto.

¿Cómo se gestó el proyecto de UNICEF de fortalecimiento  de la protección de niños, niñas y adolescentes de origen mapuche en la Región de La Araucanía?

Sin perjuicio del trabajo de UNICEF en la Región de la Araucanía, el cual data del año 1990, año en que se ratificó la Convención sobre Derechos del Niño y particularmente del trabajo focalizado en la infancia indígena que se inició el año 2006, nuestro trabajo con el área de justicia se comenzó a gestar durante el último trimestre del año 2009. Esto, producto de las denuncias emanadas desde las comunidades y la sociedad civil sobre distintos  hechos de violencia institucional acaecidos en contra de niños, niñas y adolescentes indígenas en el marco del denominado conflicto.

Esto alertó UNICEF en orden a determinar qué era lo que estaba pasando en Temuco y a tratar de explorar el trabajo con el Sistema de Justicia, que es algo que no se había cubierto con el trabajo a nivel territorial. Queríamos conocer de qué manera los actores del Sistema de Justicia veían esta situación.

¿Cuáles fueron las denuncias sobre vulneraciones a los derechos de los niños que gatillaron este trabajo de UNICEF con las instituciones de justicia en La Araucanía?

No nos llegaron denuncias directamente a UNICEF, pero la mayoría de las denuncias que circulaban en los medios de comunicación y en los organismos públicos relacionados con el tema tenían relación con allanamientos, entradas y registros, aplicación de justicia militar, aplicación de ley antiterrorista, etc.

Cuando hablo de aplicación de la Ley Antiterrorista, me refiero a adolescentes imputados de delito por conductas establecidas en dicha ley; cuando hablo de justicia militar, me refiero a denuncias sobre niños, niñas o adolescentes indígenas víctimas de violencia policial en el marco de allanamientos o interrogatorios informales…

¿Cuáles fueron las primeras acciones del proyecto?

Hubo una primera fase de diagnóstico interno para ver cuál era la percepción de los actores del circuito de justicia respecto de lo que estaba pasando con la infancia y adolescencia indígena. Entre los diversos actores consultados en esta fase de diagnóstico, estuvo el Poder Judicial (Corte de Apelaciones de Temuco, Jueces de Garantía y Jueces Orales en lo penal),la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el SENAME, la Corporación de Asistencia Judicial, la sociedad civil, abogados de la plaza, personas provenientes del mundo académico y el Ministerio de Justicia a través dela SEREMI de Justicia.

Lo que hicimos fue un levantamiento de información. Nos reunimos con estos actores que tienen participación de alguna u otra manera en el tema de la infancia indígena y  les preguntamos su percepción. Todo eso se sistematizó en un documento en que se identificaron ciertos problemas.

¿Cuáles fueron los principales problemas identificados?

Básicamente, se identificó un desconocimiento de los actores del circuito de justicia sobre infancia y adolescencia en general y en temas de infancia indígena en particular. Cuando los actores del sistema de justicia no tienen un acercamiento adecuado a estos temas, cuesta mucho que realicen su trabajo bajo la concepción tanto de la Convención sobre los Derechos del Niño como de otros instrumentos internacionales.

¿Qué tipos de cosas constataron que vulneraban a los niños indígenas en general?

Nosotros constatamos, -a través de documentos oficiales, como sentencias judiciales,  y también en el diálogo con gente del sistema de justicia-, la existencia de interrogatorios informales. Un interrogatorio informal, en general, violenta los derechos de los niños. Esto, porque se supone que debe existir una orden judicial emitida por un órgano competente para efecto de hacer un procedimiento con niños, precisamente, porque se debe tener en cuenta el resguardo de sus derechos.

También se constataron problemas generados en los allanamientos, lo que claramente dice relación con que la policía no cuenta con protocolos específicos que de alguna manera normen la forma en que se tiene que intervenir en la propiedad privada cuando hay niños. Esto es particularmente llamativo en las comunidades mapuches porque, por un tema cultural, siempre hay niños en las comunidades.

De ninguna manera los organismos internacionales pueden señalar la forma específica y el modo en que la policía tiene que actuar. Nosotros no tenemos la capacidad técnica necesaria para decirles de qué manera proceder. Pero ese es uno de los problemas que identificaron los actores del circuito de justicia. Por ejemplo, un juez nos decía: nosotros damos la orden detención para que vayan a una comunidad, pero escapa de nuestra competencia saber de qué forma se va a ejecutar el allanamiento… Entonces, la decisión debe venir desde dentro, desde el punto de vista institucional, señalando en primer lugar que hay un marco de derechos que ellos deben respetar y que, cada vez que se realiza una actuación policial, ese procedimiento se debe realizar con el mínimo y ojalá nulo impacto a los derechos de los niños.

En este sentido, lo que sí podemos hacer como organismo internacional, es dar cuenta de la existencia de estándares de protección a la infancia que todo órgano del Estado está llamado a respetar y tener en cuenta a la hora de diseñar y ejecutar sus funciones, las cuales, en el caso de las policías, dicen relación con procedimientos que implican el ingreso a la propiedad privada.

¿Qué otros elementos problemáticos identificaron en el diagnóstico?

Además de los problemas derivados de interrogatorios informales a niños y su afectación tras los allanamientos, en la mesa de trabajo se identificaron problemas derivados de la falta de perspectiva intercultural que tienen las instituciones en general, lo que dice relación básicamente con atender cuál es la idiosincrasia o la percepción que tienen los usuarios que son indígenas del sistema de justicia. Esto, porque hay una gran desconfianza de parte de las comunidades frente a este sistema.

La idea de esto es que las comunidades confíen en el sistema de justicia y, para eso, cada institución debe tener una perspectiva más amplia respecto de cómo acoge la cultura del pueblo mapuche.

También se identificaron problemas que afectaban a los adolescentes imputados, en temas relativos a las condiciones de detención y a la mencionada  aplicación de la Ley Antiterrorista.

¿Cuáles son las consecuencias concretas de la falta de perspectiva intercultural de las instituciones de justicia?

Había ciertas cuestiones que no se entendían. Por ejemplo, en ese tiempo autoridades nacionales hablaban mucho de que los mapuches utilizaban niños escudos. Esto es una falta de perspectiva y de conocimiento cultural, porque la estructura de la familia mapuche es muy distinta a la nuestra. No es que los niños sean escudos, los niños están siempre en las comunidades, haciendo labores de pastoreo o en sus casas, por una cuestión cultural.

Lo otro, por ejemplo en el caso de los adolescentes que están privados de libertad que son mapuches, costó que se entendiera que tenían algunas necesidades particulares como, por ejemplo: la necesidad de nutrirse de sus autoridades tradicionales y tener contacto con sus loncos, la necesidad de ser atendidos por una machi, la importancia de tener alimentarse de manera distinta, etc.  Entonces, la falta de conocimiento de eso, hacía que hubiera muchos problemas. Yo hablé con chicos que estaban imputados y no los dejaban entrar mate, chuchoca, ni papas y para ellos es muy importante tomar sus hierbas medicinales; es importante que, sin perjuicio de que los vea un médico, también los vea la machi.

¿Qué trabajo que se hizo tras el primer diagnóstico?

El diagnóstico se socializó en una mesa de trabajo con  el circuito de justicia y se acordaron propuestas. Una de ellas fue capacitar a jueces, a defensores, fiscales, abogados, y a todas las personas que tienen incidencia en el sistema de justicia. También se empezó a trabajar en un tema de protocolización de las actuaciones policiales, de manera de entregar un cierto estándar para efectos de proteger los derechos de la infancia indígena.

Otro gran tema fue evaluar cómo la aplicación dela Ley Antiterrorista a menores de edad era incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño y lo que ha dicho el Comité de los Derechos del Niño. El Comité ha señalado que los Estados deben tener un estatuto especializado de juzgamiento penal respecto de adolescentes infractores de ley, y ese estatuto lo tenemos en Chile, es la ley 20084 (Ley de Responsabilidad Penal Adolescente). Ocurría que la ley que sanciona las conductas terroristas permitía que se juzgara a menores de 18 años por un estatuto distinto al especializado, con todas las infracciones al debido proceso que eso trae.

UNICEF jugó un rol clave en la modificación de la Ley Antiterroristaya que, mediante dos reformas legales, se excluyó la aplicación de esta ley a menores de 18  años. Este es uno de los grandes logros de UNICEF tanto en su trabajo legislativo como en su trabajo con el Ejecutivo y claramente responde a las observaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Háblanos un poco de esta importante reforma ¿Cómo fue el proceso para modificarla Ley Antiterrorista y excluir su aplicación a menores de 18 años?

Las acciones de UNICEF en este sentido se enmarcaron dentro del proyecto, porque mientras estábamos en su pleno desarrollo, en septiembre de 2010, se produjo una huelga de hambre de adolescentes indígenas en el Centro de Detención de Chol Chol.

Una de las peticiones de los chicos fue que se les excluyera de la aplicación dela Ley Antiterroristapor atentar a las normas del debido proceso. Ellos, razonablemente, querían que se les juzgara porla Leyde Responsabilidad Penal Adolescente.

A partir de entonces, UNICEF comenzó a hacer las gestiones pertinentes tanto a nivel del Ministerio de Justicia como con el Parlamento para efectos de trabajar en un proyecto de ley para modificarla Ley Antiterrorista, cuestión que finalmente se logró en 2011. Hubo dos reformas, una en octubre de 2010 y otra a comienzos de 2011. Si tú lees la Ley Antiterrorista, dice: “esta ley no se aplicará en ningún caso a menores de 18 años”.

¿Eso significa que los menores que están actualmente imputados en el marco del conflicto serán juzgados porla Ley de Responsabilidad Penal Adolescente?

Eso es una de las peticiones que está haciendo la Defensa en estos casos. Ellos en principio fueron imputados por Ley Antiterrorista y, una vez que se realizó la reforma, se solicitó que se aplicarala Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, cuestión que está sujeta a la determinación del tribunal, ya que los juicios aún no se realizan. Tenemos que esperar que se realicen los juicios orales para ver si efectivamente el Poder Judicial acata esta reforma legal.

De todas maneras, uno de los tribunales que está juzgando a dos adolescentes decidió separar las acusaciones: los adultos serán juzgados por Ley Antiterrorista y los menores por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Habrá que esperar los resultados del juicio. Sin embargo, si llegaran a condenarlos por Ley Antiterrorista, se podría interponer un recurso de nulidad para pedir que el juicio se deje sin efecto puesto que atenta contra una reforma legal vigente.

¿Ese sería el primer caso para marcar jurisprudencia?

Sería el primer caso. De hecho, los únicos adolescentes imputados por Ley Antiterrorista son indígenas. Entonces, hay que ver qué tipo de jurisprudencia va a salir una vez que se realicen los juicios, los que todavía no tienen fecha cierta.

Además de la modificación a la Ley Antiterrorista, ¿Qué avances ha habido en el trabajo con el Sistema de Justicia en la región?

En primer lugar, sentar a todos a discutir sobre el tema. Eso ya es mucho.

Hicimos un diagnóstico, se generaron las propuestas y proyectos. Hicimos capacitaciones en temas de infancia y adolescencia en general y de infancia indígena en particular a todas las instituciones del Sistema de Justicia, lo que  incluyó a ministros dela Cortede Apelaciones de Temuco y a jueces de garantía y orales en lo penal. Hicimos una capacitación conjunta para fiscales y defensores -lo que era impensado hasta hace algún tiempo- donde se pusieron en la mesa temas de protección internacional de la infancia y de responsabilidad penal adolescentes, entre otros. También hicimos capacitaciones para los administradores de tribunales, pues ellos son quienes pueden generar un efectivo acceso a la justicia en términos formales.

Además, implementamos junto con la Universidad Católica de Temuco un diplomado sobre reconocimiento y protección jurídica de los derechos del niño para abogados de la plaza, del SENAME, de la Corporación de Asistencia Judicial, de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, Jueces de Familia, etc.

Otro logro importante han sido los fallos de los tribunales de justicia. Desde 2010 a la fecha ha habido fallos, principalmente de las Cortes de Apelaciones de Temuco (muchos de ellos confirmados porla Corte Suprema) en los que se ha señalado que, para cualquier actuación policial respecto de niños y particularmente de niños indígenas, tiene que existir espacial observancia para no vulnerar los derechos que les reconoce la Convención, la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

Lo que nosotros buscamos con este proyecto es que los actores del sistema de justicia conozcan esta cultura y aprendan cuáles son los estándares internacionales que tienen que cumplir.

¿Qué actividades faltan por hacer en el marco de este proyecto con el Sistema de Justicia de la Región de La Araucanía?

En este momento estamos en un proceso de diseño de proyectos institucionales. Estamos recibiendo propuestas de las instituciones de justicia para ver qué quieren hacer respecto del tema de la infancia indígena. Estamos evaluando unos proyectos conla Defensoría Penal Pública, con la Corporación de Asistencia Judicial y con Servicio Nacional de Menores, que son proyectos que en general tienen que ver con estudiar una forma de incorporar la perspectiva intercultural en su trabajo, con el fin de ofrecer un servicio que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

¿Una vez terminado el proyecto, de qué manera UNICEF seguirá trabajando el tema de justicia en la Región de La Araucanía?

Hemos logrado generar un lazo importante con el Sistema de Justicia en la región y nuestra idea es que UNICEF vaya dejando que el trabajo de los actores del circuito de justicia se vaya realizando autónomamente, una vez que constatemos que las capacidades están más instaladas. La idea es ir haciendo monitoreos periódicos, con una permanencia en menor grado, pero siempre ofreciendo el apoyo que las instituciones requieran.

Por otra parte, UNICEF seguirá trabajando en la zona, a través del programa territorial, que trabaja directamente con las comunidades, instituciones, representantes de la sociedad civil y el mundo académico.

¿Qué desafíos quedarán para el Sistema de Justicia en la Araucanía en materia de protección de la infancia y adolescencia indígena?

En primer lugar, el Sistema de Justicia puede tener la tranquilidad de que no se va aplicar la Ley Antiterrorista a ningún menor de 18 años, aunque el punto para medirlo van a ser los juicios que justamente tienen que ver con adolescentes indígenas.

En segundo lugar, un desafío es que efectivamente se instalen las capacidades dentro de los centros privativos de libertad para respetar la vida cultural que tienen los adolescentes indígenas privados de libertad.

En tercer lugar, otro desafío es que las policías cuenten con protocolos de procedimiento y de intervención de manera que se ajusten a los estándares internacionales y que respeten los derechos de los niños y niñas indígenas que están en las comunidades. Esto es procurar que la afectación de los derechos de los niños, cuando la policía tenga que actuar, sea nula o mínima.

Por último, otro desafío es que se instalen modelos interculturales de intervención de todos los servicios que están relacionados con el Área de Justicia.

De todas maneras, nosotros vislumbramos que de aquí al corto plazo existirá una mayor protección integral de los derechos de los niños y niñas indígenas por parte del Sistema de Justicia de la Región de La Araucanía.

Santiago, 24 de abril de 2012

Frente a la denuncia presentada por la Defensoría Penal Pública, en la Fiscalía Militar de Angol, por los hechos ocurridos en la Comunidad de Temucuicui el pasado 20 de abril, donde resultó herido un adolescente de 16 años de edad a consecuencia de un  impacto de perdigones durante un allanamiento, UNICEF expresa:

• Su preocupación por el creciente ambiente de conflictividad y violencia entre agentes del Estado y comunidades indígenas, lo que puede generar impactos permanentes en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

• Su preocupación frente a diversas denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza, por parte de efectivos policiales, en procedimientos efectuados en comunidades mapuche y por el impacto de los mismos sobre la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes.

• La necesidad de que todas las partes involucradas en este conflicto, especialmente aquellas llamadas a velar por la plena vigencia del Estado de Derecho, actúen estrictamente dentro de sus funciones y velen por la promoción, respeto y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

• Que colabora desde hace varios años, y lo seguirá haciendo, con las agencias del Estado y la sociedad civil, en el desarrollo de información, capacidades y espacios de diálogo para lograr una salida que aporte a la solución al llamado conflicto indígena, particularmente en la Región de La Araucanía.

UNICEF hace un llamado a todos los sectores involucrados a establecer mecanismos que permitan resguardar y proteger especialmente los derechos de la infancia y la adolescencia en los operativos policiales, por el grave impacto que estas situaciones tienen en sus vidas y les aseguren las condiciones para su pleno desarrollo.

PNUD invita a participar de una licitación, que tiene como objetivo la realización  de un estudio de factibilidad social y económica para la construcción de una escuela técnico-agrícola con pertinencia cultural en la provincia de Malleco.

El cierre del proceso será el 2 de mayo.

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El último informe anual “Situación de los Derechos Humanos en Chile” (2011), que elaboró el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), destaca la situación de los pueblos indígenas como uno de los temas de mayor relevancia y connotación pública.

La necesidad de contar con mecanismos de consulta legitimados por los pueblos respecto de los temas que los afectan; la huelga de hambre sostenida por comuneros mapuche reivindicando un juicio justo en contraposición a la utilización de la Ley N° 18.314 (Ley Antiterrorista); las vulneraciones a los derechos fundamentales de niños/as mapuche en el contexto del uso de la fuerza policial en sus comunidades; la importancia de acelerar el proceso de devolución de tierras a los Pueblos Indígenas y la necesidad de que los poderes del Estado se adapten a los estándares internacionales de protección de sus derechos, son algunas de las materias que este informe analiza con profundidad.

En la presente entrevista, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries ahonda en estas temáticas y ofrece un panorama comprensivo de los elementos principales que explican las dificultades que enfrenta actualmente el Estado en su relación con los pueblos indígenas desde la perspectiva de los Convenios Internacionales orientados al reconocimiento y protección de los Pueblos Indígenas.

Pese a que se ha avanzado en las políticas de traspaso de tierras y en el reconocimiento de derechos ¿Por qué permanece un tipo de relación conflictiva entre el Estado y los pueblos indígenas?

Un primer tema es que la Ley Indígena (N° 19.253) hizo que se conformaran comunidades que pueden acceder a las tierras, lo que abrió un problema respecto de las comunidades ancestrales que no necesariamente son reconocidas por dicha ley. Esto, en buena parte, explica la conflictividad al interior del pueblo mapuche, entre sus autoridades. Por otro lado, también hay que decir que desde este lado, desde el lado no mapuche, solemos tratar de aplicar criterios y nociones de representatividad que no necesariamente están presentes o lo están de la misma manera en los pueblos indígenas y particularmente en el pueblo mapuche. Me refiero entonces a que hay que hacerse cargo de la historia de intervención estatal en el pueblo mapuche a la vez que comprender a una cultura, incluidos sus sistemas y formas de representación, que es distinta a la no mapuche.

Esto nos lleva entonces a un problema de derechos y más concretamente de “derechos políticos”, que tienen que ver con la forma en que participa el pueblo indígena en aquellos procesos de toma de decisión que impactan o afectan su vida y supervivencia.

Adicionalmente, hay dos elementos que cruzan este proceso negativamente y que tienen que ver con un enfoque de seguridad respecto de los pueblos indígenas, lo que se traduce, a partir de 2005, en la aplicación de la Ley Antiterrorista. Producto de la judicialización del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, en su extremo con la aplicación de esta ley, se superponen un camino de diálogo con un camino de incomprensión legal que hace que ninguno de los dos resulte eficaz.

También hay otros factores que atentan contra la garantía y respeto de derechos que dicen relación con un énfasis mas ligado a dinámicas de superación de pobreza pero en base a nociones de vulnerabilidad que no siempre consideran a los pueblos indígenas como titulares de derechos individuales y colectivos.

En relación al primer elemento que menciona ¿Cómo se puede avanzar en los procesos de consulta y de representatividad indígena si hay líderes ancestrales y liderazgos creados tras la elaboración de la ley indígena?

Debiéramos apuntar hacia un proceso que considere a todas las autoridades que existen, ancestrales y no ancestrales. Por lo tanto, creo que es necesario hacer un trabajo de recolección, de catastro de información que permita visibilizar las distintas formas de liderazgos que se han ido conformando en el tiempo, producto, como ya dije, entre otras cosas de las sucesivas intervenciones que desde el Estado se han hecho y que han configurado un mapa complejo en relación a las autoridades mapuche.

¿Qué explica la agudización de la tensión en la relación entre el Estado y las comunidades mapuche que se puede percibir cada cierto tiempo, por ejemplo, a fines del año pasado y comienzos de este año?

Un primer factor es la incomprensión histórica del Estado respecto del pueblo mapuche a lo que se añade la dificultad para entender, desde su lógica, lo que son las obligaciones jurídicas que tiene en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esto ha sido un proceso lento y complejo para el Estado chileno que se ve reflejado en lo que tardó  en ser ratificado el Convenio 169.

El segundo factor es que se instaló una mirada de seguridad respecto del pueblo mapuche que dificulta aún más mirar sus problemas desde una perspectiva de derechos humanos. Una perspectiva de seguridad pone al pueblo mapuche como enemigo, en el caso extremo, del Estado. Esa mirada, que se tradujo en la aplicación de la Ley Antiterrorista, se ha mantenido y exacerbado en el tiempo. La lógica del gobierno se basa en una concepción de orden público que refuerza la legislación más dura existente, la Ley de Seguridad del Estado  y la Ley Antiterrorista. Ciertamente hay ilegalidad en las incursiones que hacen las comunidades mapuche en los territorios que ellos reclaman como propios. Ahí se pueden producir  delitos de acuerdo a la legislación penal vigente y el Estado busca reponer el imperio de la ley. En este afán, sin embargo, no hay conciencia de que estamos en un punto en el que esa legalidad resulta poco conducente en aras de  resolver conflictos en la medida que es producto de un Estado que históricamente los ha marginado y discriminado. El vicio, por así decirlo, es anterior a la ley que se aplica. O sea, acusar de usurpación a las comunidades indígenas no es lo que va a resolver el problema de tierras porque, en estricto rigor, hay un vicio anterior que es que fueron despojados de sus tierras. Confluye un proceso que se articula desde el reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche por un lado y por otro uno que responde a una dinámica en la que se les aplica la legislación vigente, la que no reconoce su condición y situación de discriminación.

A ello se agrega que el único mecanismo para el traspaso de tierras es el mercado, lo que en la práctica ha dado lugar a una especulación financiera sobre los mismos que afecta la posibilidad de compra por parte del Estado, el que luego las restituye a las comunidades. En lo que he podido observar en este tiempo, esta especulación ha retrasado procesos de traspaso de tierras generando más conflictividad en la zona.

Por último, hay que señalar que la ausencia de un mecanismo de consulta legitimado por las comunidades mapuche dificulta la generación de un canal de solución de conflictos.

¿Por dónde se debiera avanzar en la solución de esta problemática?

Centralmente, y nosotros lo planteamos en el informe*, lo importante es la desjudicialización del conflicto y la generación de canales de diálogo dentro de los cuales la consulta en los términos del Convenio 169, es central.

¿Cómo se lleva a cabo esa desjudicialización?

Primero, a través del establecimiento de mecanismos de traspaso de tierras que sean más amplios que el sólo mercado, por ejemplo, la expropiación u otro tipo de herramientas que hoy no están consideradas. Por otro lado, como dije, creando mecanismos de consulta que estén legitimados con los pueblos indígenas. Es decir, claramente es necesario un camino de diálogo político en oposición a la judicialización de las demandas mapuches.

En su informe anual, el INDH señaló que la aplicación preferente y selectiva de la ley antiterrorista afecta los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso y constituye una infracción al principio de igualdad y no discriminación… ¿Podría profundizar en este tema? ¿Existe discriminación del Estado frente a los pueblos indígenas?

El Estado chileno tiene una relación discriminatoria con los pueblos indígenas, pues no termina de considerarlos titulares de derechos. Esa discriminación es parte constitutiva del sistema institucional, en la justicia y en el poder legislativo. El entramado normativo se construye sobre la base de una forma de mirar a los pueblos indígenas que es discriminatoria.

Por ejemplo si en el marco del conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche se produce un enfrentamiento con la policía en el que resulta herido un mapuche, el caso pasa a la justicia militar. La justicia militar no es un sistema que garantice a los civiles transparencia e imparcialidad, menos una sanción proporcional al delito cometido a los miembros de carabineros cuando estos ejercen violencia respecto de los civiles.

Por otro lado, frente a los actos violentos que realizan integrantes de comunidades se  aplica la ley antiterrorista que es una ley que se opta aplicar al pueblo mapuche, elevando la tensión y por cierto atentando a garantías mínimas de debido proceso. Podría aplicarse a otro sector de la población frente a situaciones similares, pero se aplica a éste ¿Por qué? porque existe una relación discriminatoria de parte del Estado que se traduce en un enfoque de seguridad en la que los mapuche terminan siendo considerados una amenaza e incluso terroristas para el Estado.

Entonces, el Estado termina reproduciendo en sus leyes, políticas e instituciones esta relación de discriminación con los pueblos indígenas y, particularmente, con el pueblo mapuche.

Otro tanto podría decirse del racismo de la población chilena respecto de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche y que es lo que está a la base del actuar de las instituciones.

En su informe anual, el INDH da cuenta de las vulneraciones a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes indígenas en el marco del uso de la fuerza policial durante las movilizaciones indígenas en el sur ¿Qué debiera hacer el Estado para proteger sus derechos?

Yo creo que existe un tema ex-antes y ex-post. Ex-ante debiera haber incorporación en la legislación, en los reglamentos y en los protocolos de un tratamiento diferenciado cuando se trata de pueblos indígenas, porque así lo establece el convenio 169 dela OIT.

Ex-post, se debe contar con los mecanismos para recurrir ante la justicia por la violación de derechos, cuestión que están haciendo las comunidades. Es importante decir que crecientemente, la justicia ha respondido en contra del exceso de fuerza que han utilizado carabineros en el conflicto mapuche, particularmente, respecto de los niños, niñas y mujeres.

¿Cómo evalúa el panorama en materia de derechos humanos y la relación con el Estado del resto de los pueblos indígenas de Chile?

Yo creo que en todos los pueblos indígenas se repite la misma ecuación. Estructuralmente, el conflicto son tierras y recursos naturales, además de participación. Las particularidades están dadas por la ubicación territorial de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el norte los temas claramente tienen que ver con derechos de agua, pero aluden también al mismo conflicto estructural.

Por otra parte, con un menor grado de conflictividad,  los problemas también tienen que ver con encontrar un mecanismo de consulta que es el punto número uno a partir del cual el Estado puede interlocutar en una cierta igualdad de condiciones con los pueblos indígenas.

El Estado tiene interés en el desarrollo, bienestar y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y a la vez tiene interés en el desarrollo del país ¿Cómo, entonces, debería enfrentar esta situación para ir mejorando su relación con los pueblos indígenas?

Yo creo que el Estado ha priorizado y apostado mucho a la inversión en los rubros de energía en el sur y en las mineras en el norte, con una legislación medioambiental que permite la consulta con estándares más bajos que el Convenio 169. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un primer conflicto que destrabar.

Aquí no va a haber ausencia de conflicto, aquí va a haber conflictos de intereses. El punto es que se establezcan los mecanismos que permitan cuestionar las decisiones que se vayan tomando, tanto para el caso de restitución de tierras como para el caso del impacto medioambiental en territorios ancestrales, y eso hay que hacerlo de una manera coherente, de modo que las poblaciones indígenas que sienten que proyectos de inversión amenazan a su comunidad y/o territorio puedan contar con un mecanismos de impugnación que sea debidamente considerado por el Estado.

La política medioambiental hoy en día no tiene necesariamente un plan de inversiones y más bien el Estado resulta subsidiario frente a las propuestas de inversión en medioambiente; por lo tanto, sería necesario avanzar hacia un rol más activo en el que el Estado pueda ir ponderando los distintos conflictos de interés.

Finalmente, a modo de resumen ¿Qué desafíos tiene el Estado en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas?

Yo creo que el Estado tiene el desafío de reactualizar su relación con los pueblos indígenas, de  manera que se entienda que estamos ante pueblos que tienen titularidad de derechos como tales y sus integrantes individualmente. Pueblos que tienen, por tanto, derechos que deben ser garantizados y respetados por el Estado, lo que obliga a adecuaciones que son  profundas y complejas.

Esto debiera tener como resultado el reconocimiento social, político y constitucional de los pueblos indígenas en territorios respecto de los cuales el Estado va a tener que encontrar mecanismos para ir balanceando un camino hacia el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas con un camino de desarrollo económico cuyos frutos se distribuyan entre todos, incluidos estos pueblos.

El Estado tiene tres poderes:  un poder legislativo, que va a tener que empezar a considerar a los pueblos indígenas para efectos de consultarlos  en los procesos legislativos donde vayan a ser afectados; el gobierno, que tiene que implementar políticas públicas y tendrá que consultar en todos los niveles a las comunidades indígenas y pueblos para efectos de llevar adelante políticas de inversión, desarrollo y cualquier otra política pública que los pueda afectar; por último, el poder judicial, que tiene que garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas cuando éstos sientan que están siendo vulnerados sus derechos.

Para que los pueblos indígenas puedan acceder y encontrar respuesta en la justicia, van a tener que contar con un poder judicial que vaya incorporando los derechos de los pueblos indígenas del derecho internacional dentro de su argumentación jurídica y su mirada sobre la problemática nacional, cuestión que aunque de manera poco sistemática se empieza a dar.

* En su informe anual 2011, el INDH señala que debiera evitarse la utilización indiscriminada del proceso penal (denuncias y querellas por usurpación) como respuesta a las demandas de restitución de tierras que están en disputa y sugiere que, antes de emprender cualquier acción penal, se constate la existencia de reclamaciones de tierras de acuerdo al derecho internacional que pudieran alterar la calificación penal de los hechos.

Por Comunicaciones CEPAL

"Esperamos que esta publicación contribuya al logro de una mayor equidad, a la comprensión de los problemas desde la perspectiva multicultural, a la búsqueda de soluciones con pleno respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como al desarrollo de la Región de la Araucanía en Chile, a la vez que sirva de ejemplo metodológico para abordar problemas similares en otros países de América Latina y el Caribe", declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al presentar el informe.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el documento Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile: Situación en la comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos, elaborado en conjunto con la agrupación Alianza Territorial Mapuche (ATM).

El objetivo del estudio es trazar un panorama sociodemográfico y socioambiental de la población mapuche de la comuna de Ercilla (Región de La Araucanía, Chile) y aportar desde el punto de vista metodológico un enfoque histórico que sitúa las brechas que enfrenta esa comuna en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en los instrumentos internacionales.

En su preparación se consideraron los principios consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: los derechos territoriales y los de plena participación de los pueblos indígenas.

“Para nosotros lo más importante de esta publicación es su valor metodológico, así como la posible proyección de sus resultados en decisiones de política pública. Destacamos el proceso que dio a luz este documento; el diálogo abierto para la identificación de qué y cómo conocer, el respeto al conocimiento de cada uno y la valoración al discernimiento mutuo”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al presentar el informe.

“Esperamos que esta publicación contribuya al logro de una mayor equidad, a la comprensión de los problemas desde la perspectiva multicultural, a la búsqueda de soluciones con pleno respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como al desarrollo de la Región de la Araucanía en Chile, a la vez que sirva de ejemplo metodológico para abordar problemas similares en otros países de América Latina y el Caribe”, agregó.

Por su parte, Juan Catrillanca, Ñizol Longko de la Comunidad Ignacio Queipul de Temucuicui y líder de la ATM, agradeció la presencia de todos los asistentes a la presentación del documento y mencionó los principales problemas que sufre actualmente el pueblo mapuche.

“Saludo a la CEPAL y a sus autoridades, especialmente a Alicia Bárcena, Antonio Prado -Secretario Ejecutivo Adjunto- y Luis F. Yáñez -Oficial a Cargo de la Secretaría de la Comisión- quienes han tenido la voluntad de acogernos en este espacio y nos han permitido profundizar en nuestros temas”, declaró.

Según el documento, de acuerdo con el último censo nacional de 2002, el 5% de la población se identifica como perteneciente a alguna de las ocho etnias reconocidas en Chile, siendo el mapuche el pueblo indígena más numeroso con más de 604.000 habitantes. En Ercilla 46,5% de la población es mapuche, constituyéndose en una de las comunas con mayor presencia de esta etnia.

La investigación indica que los niveles de pobreza que afectan a la población mapuche de Ercilla son mayores que los registrados para los mapuche del resto de la provincia de Malleco y de la Región de La Araucanía, ya que 4 de cada 10 personas mapuche se sitúan por debajo de la línea de la pobreza . Además, existen importantes diferencias al compararlos con los no mapuche en este ámbito, puesto que el ingreso promedio de un mapuche es 3 veces menor que el de un no mapuche.

El documento de la CEPAL y la ATM precisa que la vulnerabilidad sociodemográfica y socioterritorial que enfrenta este pueblo, y que expresa claras brechas en la implementación de sus derechos, está dada por la pérdida del territorio -base de la sobrevivencia material y cultural del pueblo mapuche-, la disminución de la población mapuche en las reducciones, el progresivo deterioro de los suelos de uso agropecuario en los sectores que habitan, principalmente por la expansión de la industria forestal en la comuna, y la escasa disponibilidad de recursos hídricos en las comunidades.

El informe da cuenta de los avances institucionales a partir de la década de los noventa para regular la relación del Estado chileno y los pueblos indígenas. Asimismo, plantea una serie de desafíos para cerrar las brechas de implementación de los derechos indígenas, atendiendo a los compromisos de la comunidad internacional sobre todo aquellos que han ratificado el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Entre ellos se encuentran el establecimiento de procesos de diálogo y la adopción de pactos sociales duraderos, que permitan implementar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio y la Declaración, la redefinición de las políticas estatales en materia de tierras indígenas con arreglo a los estándares internacionales, y la puesta en marcha de planes y programas de sostenibilidad territorial, que apunten a la recuperación de los suelos degradados y al fomento y desarrollo de las economías campesinas e indígenas, para garantizar el derecho a la supervivencia de las comunidades mapuche.

Mediante respaldo financiero y asistencia técnica a diversos proyectos presentados por organizaciones indígenas,  PNUD está apoyando el fortalecimiento de dichas organizaciones en temáticas relativas al conocimiento de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas.

Los proyectos ganadores participaron en un concurso público realizado por PNUD cuyos resultados se dieron a conocer el 16 de enero del presente año. A partir de esa fecha y hasta mayo los proyectos se irán implementando.

Para conocer y participar en las actividades a realizar por las organizaciones, pinche aquí.

Entrevista a Juana Queuquepan Colipe, Asociación Indígena Kiñe Pu Liwen

“Éste es un gran aporte, porque nos va a permitir contar con un materia impreso que va a servir para preparar a futuros educadores/as tradicionales en interculturalidad”

El pasado 17 de marzo se reunieron educadores tradicionales interculturales mapuches en la ruca de la organización Kiñe Pu Liwen, en La Pintana, para comenzar a trabajar en la recopilación de experiencias de los y las educadores/as tradicionales interculturales de Santiago.

La asociación indígena Kiñe Pu Liwen  es una de las ganadoras del concurso de asistencia técnica de PNUD y fue la primera organización en comenzar a implementar su proyecto, consistente en la elaboración de un material que recopilará las experiencias de los/las educadores/as tradicionales de la Región Metropolitana. El pasado 17 de marzo se reunieron diversos educadores tradicionales mapuches en la ruca de la organización Kiñe Pu Liwen, de La Pintana, para comenzar a trabajar en esta la recopilación de experiencias de trabajo.

¿Cómo surgió la idea de hacer esta recopilación de experiencias de trabajo de los educadores/as en interculturalidad?

La idea surgió principalmente porque enla Región Metropolitana no existe una recopilación de material didáctico elaborado desde nuestro contexto. Siempre que el Ministerio de Educación elabora materiales, lo hace con una visión más ruralista. Es como si no existiéramos mapuches en  la ciudad y en la ciudad vive más de un 60% de la población mapuche. Entonces queremos que este material tenga una mirada propia.

¿El material tiene contenidos sobre la cultura o más bien se trata de una recopilación de las técnicas pedagógicas utilizadas por los educadores interculturales?

Va a tener mucho de cultura. Lo que pasa es que cada educador/a tiene sus propias visiones de la cultura, dependiendo del territorio de donde venga. Entonces, existen muchas versiones del mismo tema.  La idea es que se recopile esta diversidad. La idea es que los y las educadores/as tengan acceso a un contexto más amplio. Y claro, también contendrá metodologías.

¿Cómo ha sido la experiencia de enfrentarse a un curso por primera vez?

Al principio fue una experiencia compleja, porque algunos profesores veían el programa de educación intercultural como una intrusión que les quitaban horas. No le daban el peso de lo que significa la interculturalidad. Nuestra idea es que como grupo vayamos preparando a las educadoras, para que no pase esto, y lleguen empoderadas y seguras de que lo que van a enseñar es cultura y tradición del pueblo.

¿Y con los niños?

Con los niños nos ha ido súper bien. Ha sido un tema bonito, porque ha permitido fortalecer la identidad de los niños que están en los colegios e ir trabajando para eliminar la discriminación, conociendo la cultura del otro. Les encanta conocer las historias y cuentos; les gusta saber de sus apellidos… Lo que yo puedo rescatar es que los niños están receptivos al conocimiento y los apoderados también.

¿Qué experiencias han dado buenos resultados en la educación intercultural con los niños?

En general, yo puedo rescatar que es importante que el aprendizaje se haga desde un espacio propio, por ejemplo, llevar a los niños a un lugar con pertinencia cultural, donde se viva la cultura. Por ejemplo, ir a la ruca hace que el aprendizaje sea mucho más significativo para ellos, porque están viviendo ese momento. Es importante salir del aula, porque los niños ahí se ponen más sensibles y receptivos.

En 1999 me invitaron a trabajar en un colegio en este tema de la interculturalidad. Cuando llegó el tiempo del wetripantu (año nuevo mapuche del 21 al 24 de junio), con la directora del colegio acordamos celebrarlo. Nos tomamos la cocina, empezamos con los niños a cocinar catutu, muday, sopaipillas, pancito de rescoldo, etc… Los apoderados también fueron a ayudar y, cuando llegó el día,  mi mamá vino a hacer la ceremonia, con otros hermanos de la organización. Desde ese entonces quedó la celebración instalada en el colegio, pues esa experiencia la siguen haciendo hasta la fecha.

Una vez hicimos un encuentro de palin que fue súper importante. Por colegio sacamos equipos de palin de entre 15 y 20 niños, más otras 15 a 20 niñas, con profesores y apoderados. Todos trabajaron en la preparación de los alimentos, apoyaron a los equipos con música y danza…

¿Y los niños son receptivos a esos conocimientos?

Lo que más me ha llamado la atención, es la forma en que funcionan las clases en la ruca. A veces, -cuando hablamos sobre la relación con la naturaleza y yo les cuento que hay personas que tienen la capacidad de comunicarse con los animales, ya sea un perro, un gato o un pajarito-, los niños cuentan de su animalito regalón que ellos cuidan, que la mamá le conversa a las plantas y/o que las plantitas se enojan cuando uno les saca las hojas… Todo eso tiene que ver con respetar al otro, no solo a las otras personas, sino a todo lo que te rodea, el universo. Todo está ahí por algo, nada está demás. Los animalitos están por algo y es importante aprender a relacionarse con ellos.

¿De qué manera les va a servir el aporte de este programa de asistencia técnica?

Es un gran aporte, porque nos va a permitir tener un materia impreso que será un orgullo para todas nuestros/as educadores/as. El material va a quedar plasmado y va a servir para preparar a futuras educadoras. Queremos que haya más educadores/as, porque queremos que en el futuro la interculturalidad sea una política a nivel nacional. Para eso necesitamos seguir formando educadores/as y este material va a facilitar esta preparación.

Por Comunicaciones UNICEF

De izquierda a derecha: la Consultora Programa Territorial de UNICEF Chile, Oriana Zanzi; la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Loreto Seguel; el representante de UNICEF en Chile, Tom Olsen y el investigador del Informe sobre Desarrollo Humano en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Rodrigo Márquez, durante el lanzamiento del estudio: “Incluir, sumar y escuchar: Infancia y adolescencia indígena”, de UNICEF.

Son más pobres, casi no conocen ni hablan su lengua ancestral, viven mayoritariamente en zonas rurales, tienen pocas posibilidades de acceder a la educación superior y en muchos hogares la que lleva el sustento es la madre. Esas son algunas de las características que describen a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a alguna etnia originaria, según el estudio “Incluir, sumar y escuchar: Infancia y adolescencia indígena”, realizado por UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social.

El estudio, que constata importantes diferencias entre la población indígena y la no indígena, fue presentado por el Representante de UNICEF para Chile, Tom Olsen, y la Subsecretaria de Servicios Sociales, Loreto Seguel.

Los datos presentados en la publicación dan cuenta de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia indígena en Chile entre 1996 y 2009, a partir del análisis de la información emanada de la Encuesta CASEN.

El Representante de UNICEF explicó que este estudio “espera contribuir a la elaboración de políticas públicas con pertinencia cultural, al reunir por primera vez un conjunto integral de datos acerca de la situación de la infancia y adolescencia indígena en el país y ponerlo a la disposición de todos quienes trabajan en esta área”.

En tanto la Subsecretaria de Servicio Sociales, valoró el aporte realizado por UNICEF en este ámbito y aseguró que este estudio será una herramienta muy útil para el trabajo que realizan diferentes reparticiones públicas.

Entre los principales resultados se consigna que los niños y adolescentes indígenas son más pobres que los no indígenas. La pobreza afecta a un 26,6% de los niños, niñas y adolescentes indígenas y a un 21,7% de los no indígenas. La pobreza en los niños, niñas y adolescentes indígenas está asociada en gran parte a la ruralidad y a su pertenencia a hogares con jefatura femenina.

Asimismo, se constata que aunque hay una clara tendencia a la urbanización de las familias pertenecientes a pueblos indígenas, la residencia en zonas rurales es más frecuente en la población infantil indígena, que la no indígena. Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes indígenas del primer quintil viven en zonas rurales, frente al 17% de los no indígenas.

Además, el estudio muestra que hay un aumento en el número de hogares con jefatura femenina y niños indígenas, junto a una importante brecha de género en los ingresos de los jefes de hogar con población infantil. Las mujeres indígenas y rurales tienen condiciones mucho más precarias en materia de inserción laboral. Por ejemplo, ellas perciben cerca de la mitad del ingreso de un hombre en las mismas condiciones. En la zona urbana, esta brecha se reduce al 22%.

Idioma y educación

El análisis realizado permite constatar que la población infantil indígena está perdiendo el uso de su lengua. Un 89,4% de los menores de 18 años declaran no hablar ni entender su lengua originaria. Esta pérdida progresiva del uso y comprensión de la lengua es sustancialmente mayor en las generaciones más jóvenes y en la zona urbana, lo que implica un obstáculo para la transmisión y preservación de su cultura.

En materia de educación, el acceso a los establecimientos educacionales ha aumentado significativamente en población indígena como no indígena. Se observa que la educación preescolar y básica tiene coberturas similares entre ambos grupos. Sin embargo, se aprecian brechas, en las zonas urbanas y rurales, en la cobertura de la educación media con 66% para los indígenas y 71% para los no indígenas. Esta desigualdad que aumenta en la educación superior con 18,6% para los indígenas y 30% para los no indígenas.

Vivienda y servicios

Otra brecha que muestra el estudio es el acceso a servicios asociados a las viviendas, vinculada a situaciones de pobreza y ruralidad, las que afectan mayoritariamente a la población infantil indígena. El acceso a la red pública de agua es significativamente menor en los indígenas que en los no indígenas, así como el sistema de eliminación de excretas que muestran las precarias condiciones en que viven niños, niñas y adolescentes indígenas en las zonas rurales. Sólo un 56,6% tiene un sistema deficiente de eliminación de excretas.

En este contexto, el estudio presenta como principal desafío desarrollar estrategias integrales de protección de los derechos de la infancia indígena con perspectiva intercultural y territorial expresadas en políticas públicas pertinentes, a nivel nacional, regional y local, con la participación de los actores indígenas y de los propios niños, niñas y adolescentes.

Acceda al estudio: Incluir Sumar y Escuchar: Infancia y adolescencia indígena 

La Comisión de Salud de los Pueblos Naciones Indígenas de Chile nació en 2011 con el fin de realizar una propuesta de ley de reconocimiento y resguardo de los Sistemas Culturales de Salud de los Pueblos Indígenas. Según su coordinador general, la iniciativa debería estar lista durante el primer semestre de 2012, con lo que se espera que en el mediano plazo pueda pasar a ser discutida en el parlamento. Para conocer más sobre esta iniciativa, el Programa Conjunto Pueblos Indígenas conversó con el Coordinador General de la Comisión, José Millalen.

José Millalen Paillal, Coordinador de la Comisión de Salud de los Pueblos Naciones Indígenas de Chile.

¿Cómo se gestó la necesidad de contar con espacios de resguardo y protección de los sistemas de salud indígena?

A comienzos de los 90, -en el marco de la recuperación democrática en el país y la mayor visibilización de los pueblos indígenas, sus derechos y  las situaciones de discriminación-  comenzó a ponerse atención a las dificultades de acceso igualitario a muchos servicios públicos entregados por la institucionalidad del Estado, como el de la salud y la realidad en algunos centros asistenciales de salud de la región de la Araucanía. En ese entonces se  incorporó la figura del Amulzugufe o Facilitador Intercultural. Hacia 1996, en el Ministerio de Salud se creó la Unidad de Salud y Pueblos Indígenas y con ello la definición políticas de salud intercultural desde el Estado.

En paralelo, los pueblos indígenas comenzaron a desarrollar un proceso de fortalecimiento de sus sistemas propios de salud y la creación de modelos propios de salud intercultural. Por ejemplo, a fines de los 90, luego de enfrentar y evitar la posibilidad de cierre del Hospital de Makewe en la comuna de Padre las Casas, las comunidades mapuche del territorio comenzaron a hacerse cargo de su administración y, con ello, de la implementación de  un modelo intercultural en su atención; a comienzos del 2000 surgió el Centro de Salud Intercultural de Boroa, en la comuna de Nueva Imperial, que contiene un Módulo Especial de salud mapuche, el cual es administrado por organizaciones del territorio.

En 2006, la Red de Salud Mapuche unificó la demanda por el reconocimiento de la salud mapuche; dos años más tarde, la red consiguió el apoyo formal del Ministerio de Salud para impulsar este proceso, al que se sumó más adelante el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud OPS y en 2009 comenzamos a articularnos con los otros pueblos.

¿Cómo ha sido la incorporación de los otros Pueblos Indígenas en la elaboración de esta propuesta?

En la Comisión  se ha dado una suerte de complementariedad entre los distintos pueblos. En este proceso, cada pueblo ha ido fortaleciendo lo que ha estado haciendo en materia de salud intercultural con el respaldo de la organización y con mucho respeto.

¿Qué dificultades ha enfrentado en estos años la incorporación de sistemas de salud intercultural?

En lo relativo al funcionamiento de los Modelos de Salud Intercultural administrados por organizaciones indígenas, existe gran complejidad en la relación de éstos con la institucionalidad chilena del Estado. Esto pasa principalmente por la ausencia de un reconocimiento formal de la existencia de estos modelos o experiencias, lo que a su vez se debe a la falta de reconocimiento formal de la existencia de los sistemas de salud de los pueblos indígenas en general.  Hasta ahora, el surgimiento y el funcionamiento de estos modelos descansa en la voluntad política de las administraciones de turno y, en tales circunstancias, mantener en pie dichos modelos implica un desgaste permanente de las organizaciones que las lideran.

¿Cuáles han sido los temas más complejos de resolver y consensuar en la propuesta de ley que están elaborando?

Hay temas que son parte de los sistemas de salud indígena que son complejos de abordar. Por ejemplo, el del territorio. ¿Dónde está el lawen (o medicina)? En los territorios. Entonces, y en consideración al sistema de propiedad de la tierra impuesta a nuestros pueblos por parte del Estado, hoy gran parte de las medicinas se encuentran en los Parques Nacionales o en predios particulares. Se requiere, por lo tanto, abordar este asunto de manera de facilitar el libre acceso de los especialistas de salud indígena a estos territorios. Lo anterior forma parte de nuestra propuesta de ley.

Otro tema complejo, profundo y delicado tiene que ver con los conocimientos tradicionales en materia de salud de los pueblos indígenas. Es probable que algunos conocimientos de los pueblos indígenas, relacionados con  propiedades curativas de ciertas especies tradicionales estén patentados; por ejemplo, el hongo del cual deriva la rapamicina (especie que los Rapanui han usado ancestralmente como medicina) hoy se halla patentada por una empresa transnacional. Los conocimientos son  patrimonio colectivo de los pueblos y, respecto de los sistemas de salud de los Pueblos Indígenas, los conocimientos constituyen elementos fundamentales.

¿Cuándo estará lista la propuesta de ley y cuáles son los pasos a seguir?

Nos encontramos en la etapa final de la elaboración de nuestra propuesta. Actualmente creemos que un 80% de la propuesta está definida; es decir, consensuada entre los pueblos indígenas y esperamos que durante el primer semestre de este año ya esté lista la propuesta final. Por lo tanto,  esperamos que en el mediano plazo el Estado tenga en su ordenamiento jurídico una ley que reconozca y resguarde los sistemas de salud de los Pueblos Indígenas y, por cierto, queremos que esa ley sea la que estamos proponiendo de modo participativo los pueblos indígenas en Chile.

Una vez definida la propuesta final, discutiremos y resolveremos la manera en que se produzca su ingreso al Parlamento. No obstante, se han planteado al interior de nuestras organizaciones voces que sugieren apelar al compromiso del Estado y sus instituciones y a la voluntad de los diversos sectores políticos para que esta propuesta sea respaldada y patrocinada por el Ejecutivo. Por lo pronto, debemos reconocer el apoyo y respaldo institucional que hemos tenido para avanzar en nuestro proceso por parte del Ministerio de Salud, que ha respetado la autonomía de nuestros pueblos en la formulación de nuestra propuesta.

Fotografía: "Raíces temporales", ganadora del primer lugar del concurso "De dónde viene uno", organizado por UNESCO

Durante el mes de mayo de 2012, UNESCO publicará el libro de fotografías: “De dónde viene uno”, que traerá una muestra compuesta por algunos de los mejores trabajos que participaron en el concurso fotográfico del mismo nombre.

Tras el lanzamiento de la publicación, las fotografías serán expuestas en la Municipalidad de Conchalí. Posteriormente, la muestra se expondrá en el Centro de Extensión en Identidad y Patrimonio del Consejo Nacional dela Cultura en (Valparaíso) y, finalmente, en la Universidad de La Frontera (Temuco).

Tanto el concurso de fotografías, como la publicación del libro y las exposiciones que se llevarán a cabo son una invitación a explorar la formación de identidades, las raíces y a valorar la importancia del universo indígena en la composición de la cultura y/o subculturas de Chile.

Estas iniciativas han formado parte de la campaña comunicacional: Mucho Chile, que llevó a cabo UNESCO en el marco del Programa Conjunto Pueblos Indígenas.

La Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en Chile está elevando importantes demandas tanto a nivel de organizaciones indígenas como a nivel nacional.

En el horizonte de esta red se encuentran diversos proyectos. Entre ellos: la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile; la creación de un instituto de lenguas indígenas, encargado de velar por el respeto de los derechos lingüísticos; una ley de medios que promueva la incorporación de las lenguas y culturas indígenas en ellos;  el uso de las lenguas originarias en los espacios públicos; la incorporación del enfoque intercultural de manera transversal en las mallas curriculares de los diversos espacios educativos; el reconocimiento a los conocimientos tradicionales y hasta una universidad intercultural.

Para conocer estas demandas y los principios las impulsan, el Programa Conjunto Pueblos Indígenas conversó con la coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile y académica de Facultad de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, Elisa Loncon.

¿Cómo entiende la educación intercultural? ¿Cuáles serían sus principales componentes?

Nosotros planteamos que la educación intercultural tiene que ser bilingüe, porque la lengua es el soporte que contiene los saberes, historia, cosmogonía y valores de los pueblos indígenas. Podemos recuperar agua y tierras, pero si no recuperamos nuestra lengua, terminaremos siendo como el resto y perderemos la cultura. En la lengua está el motor y la posibilidad de continuar siendo indígena. Por lo tanto, todo niño descendiente de indígenas debiera tener la posibilidad de aprender la lengua de su pueblo. Esos son los derechos lingüísticos.

También sostenemos que la educación intercultural tiene que ser para todos y tiene que incorporar el componente ético que implica el reconocimiento político de los pueblos indígenas por parte del Estado. No se puede hacer educación intercultural bilingüe si no se avanza en el reconocimiento político de los pueblos indígenas.

¿Cómo se incluye a las personas no indígenas dentro de la educación intercultural bilingüe?

Existe una traba que impide que actualmente se den relaciones interculturales: el racismo de la sociedad chilena. Nosotros sostenemos que este racismo está impulsado por el desconocimiento y la ignorancia. En doscientos años se nos ha hecho creer que las lenguas indígenas no sirven y eso está en el imaginario chileno. Por eso sostenemos que es necesaria la educación intercultural para todos. Todo Chile tiene que conocer a los pueblos indígenas, su historia, su cultura, sus valores y sus aportaciones históricas a la construcción de este país. Solo así, la sociedad podrá valorarnos.

¿Qué trabas de tipo ético-político están impidiendo que exista educación intercultural en los términos que ud. menciona?

La educación intercultural bilingüe sólo es posible cuando se da como mínimo un reconocimiento de los derechos elementales de los grupos que entran al sistema intercultural. En Chile no hay reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, por lo que no se reconocen nuestros derechos y no tenemos representación en el parlamento. Esto hace que finalmente los que deciden las políticas para nosotros son otros.

También existen problemas sociales y económicos en relación a los pueblos indígenas que impiden que en Chile puedan existir relaciones interculturales. Los índices de pobreza son mayores en los pueblos indígenas: es el grupo más discriminado, el que tiene la mayor tasa de analfabetismo y donde las mujeres tienen menos acceso al trabajo remunerado.

Detrás de eso existe un sistema político que ha ejercido la dominación hacia los pueblos indígenas y un Estado anacrónico que no fue construido para abordar la diversidad de pueblos, sino para combatirlos, en función de potenciar la nacionalidad chilena; en ese entonces: una lengua, una cultura y una forma de vida.

Actualmente, estamos frente a una situación donde la diversidad está cobrando valor. Sin embargo, si bien existe un programa de educción intercultural bilingüe, está restringido a esta política de fondo que impide que la interculturalidad pueda avanzar.

¿Cómo evalúa el rol de las políticas públicas en materia de educación intercultural?

Se podría concordar en lo avanzado que está el reconocimiento de la educación intercultural. Sin embargo, en la práctica, está restringida a 300 escuelas.

El programa de educación intercultural bilingüe, decreto ley 280 del año 2009, define que la lengua indígena se tiene que enseñar en las escuelas donde existe un 20% de matrícula indígena. Nosotros planteamos que existiendo un niño indígena en la sala de clases, éste tiene derecho a ser criado en la cultura y la lengua de su pueblo, lo que debe ser garantizado por el Estado.

¿Existen experiencias latinoamericanas que puedan servir de ejemplo de educación intercultural y/o eventualmente servir de modelo para Chile?

El planteamiento de Bolivia en esta materia es interesante, porque ellos dicen que la educación debe ser intracultural,  intercultural y plurinacional. Eso significa que la malla curricular educativa debe valorar y adentrarse en lo propio, establecer el dialogo con los otros saberes y, al mismo tiempo, con el resto del mundo en el contexto global.

En México se ha articulado la educación intercultural para todos y también se ha avanzado en la creación de universidades interculturales para pueblos indígenas. Dependiendo de la zona en que se encuentran, estas universidades establecen las carreras; algunas trabajan, por ejemplo, el etnoturismo, la agro-producción o las lenguas indígenas. Estas universidades están abiertas a la sociedad no indígena, en términos de conocimiento, de presencia de estudiantes y profesores no indígenas y también en el hecho de que forman parte de la política universitaria nacional, porque pertenecen al sistema universitario mexicano.

En Argentina están más avanzados a nivel legislativo, ellos tienen reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y tienen una ley de educación intercultural y de derechos lingüísticos, que garantiza el aprendizaje de las 30 y tantas lenguas indígenas que tiene el país para los indígenas.

¿Cómo es actualmente el uso de las lenguas indígenas en los jóvenes, existe alguna evolución respecto de su uso, frente a las generaciones anteriores?

Siempre los estudiantes indígenas, cuando llegan a las universidades, tienden a formar grupos de trabajo por la revitalización de la cultura. Esos grupos, que por lo general pasaban desapercibidos, con el discurso de la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) han podido articularse.

Hay muchos jóvenes, cuyos padres negaron el aprendizaje de la lengua indígena, que han aprendido la lengua en cursos y que, cuando llegan a su casa hablando, abren un espacio de diálogo y de encuentro importante con sus mayores.

El tema del reconocimiento de la pertenencia a una cultura diferente es latente y tiene que ver con la búsqueda y definición de la identidad que son cosas de la esencia humana. Cuando se forman estas organizaciones de jóvenes, se da la posibilidad de que los chicos puedan asumir este proceso.

En una etapa de recuperación y rescate de las culturas indígenas como la que se está gestando actualmente ¿Existe riesgo de que se dé un giro hacia lo más conservador de la cultura que, por ejemplo, impida a sus miembros gozar de los elementos positivos de las otras culturas?

¿Te refieres a fundamentalismos? Depende del análisis que se haga. Desde las lenguas hemos hecho esa reflexión con comunidades y educadores tradicionales. Yo les digo que hemos pasado por etapas históricas diferentes: la etapa de la colonización, la etapa de la negación y de la auto-negación durante la república, una etapa de resistencia, asumida con las herramientas que se tuvieron en ese momento y ahora estamos en una etapa de la revitalización de las lenguas y culturas de nuestros pueblos. En cada época hemos respondido de modo diferente, porque son diferentes los procesos históricos.

Yo me he encontrado con longkos en Chiloé que reivindican como suya una lengua mapuche castellanizada. Ellos resistieron así, sin embargo, hay que asumir que hablar mapudungun castellanizado también refleja un acto de dominación del castellano. Si nos situamos en una etapa más avanzada de revitalización lingüística cultural, debemos recuperar el corazón de la lengua, su gramática, sus conceptos… Creo que, si tenemos la posibilidad de corregir estas prácticas de resistencia, estamos reconociendo el hecho de que nosotros mismos somos los sabedores de nuestro idioma y que, por lo tanto, podemos enseñarlo y corregirlo. Eso no es fundamentalismo, sino una acción producto de la reflexión colectiva.

En el caso de la práctica de símbolos culturales, hay indígenas que critican el uso del trarilonko, expresando que sería una cosa folclórica e irrelevante. Yo creo que, si se entiende dentro de un proceso histórico, esto implica volver a darle sentido a aquello que quedó en desuso producto de la dominación. Si los mapuches a comienzos del siglo XX tuvieron que ir al Congreso con sombrero y terno para ser escuchados y ahora podemos ser escuchados con nuestro trarilonko, eso es parte de la revitalización cultural, no fundamentalismo.

¿Cómo este esfuerzo por recuperar y valorar la identidad por parte de los pueblos indígenas se puede extrapolar al resto de la sociedad?

En mi opinión,  hoy el discurso de lo indígena tiene mucha cabida si uno entiende el proceso de globalización que estamos viviendo. La cultura chilena también corre riesgo de ser hegemonizada por las culturas que tienen más fuerza a nivel global. Existe una necesidad de fortalecimiento local, pues la globalización va a ser útil en la medida en que las culturas locales puedan dialogar con ella. Para llegar a ese nivel, necesitamos tener ciertas herramientas como país que nos induzcan a valorar lo que somos.

Por otra parte, el movimiento indígena mantiene una utopía vinculada a la valoración de la tierra y de la espiritualidad que no tiene el movimiento social chileno y que perfectamente podríamos compartir en la demanda común por mejorar el mundo en que vivimos.

¿Qué acciones están contemplando a futuro para avanzar en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y en la demanda por una educación intercultural?

En primer lugar, la enseñanza de la lengua: la ley de derechos lingüísticos, que busca reconocer las lenguas indígenas como lenguas nacionales. En segundo lugar,  la creación del instituto de lenguas indígenas, que sería un organismo de representación de todos los pueblos en materia de políticas lingüísticas.

También queremos elaborar una propuesta para el reconocimiento de los conocimientos tradicionales; una ley de medios, que promueva el acceso de la cultura y las lenguas indígenas a los medios de comunicación y lograr establecer el uso de las lenguas originarias en los espacios públicos de alta concentración indígena.

Además, deseamos la interculturalización de las mallas curriculares. Lo ideal sería que en el futuro se considerara la interculturalidad como un elemento transversal, que formara parte en el proceso de acreditación de las universidades.

Por último, nos gustaría avanzar en la idea de una o más universidades interculturales indígenas, que formen personas en la valoración de lo intracultural, lo intercultural y lo plurinacional.

Tenemos muchas ideas y proyectos, lo que implica conversar, dialogar, generar movimiento y también avanzar en nuestra autoformación, para que cuando se abran posibilidades de reformas políticas y/o sociales, estemos presentes.

El encuentro reunió a representantes de diferentes instituciones públicas de la zona.

El pasado 14 de diciembre de 2011 se realizó el taller: “Hacia una institucionalidad pertinente para el desarrollo integral de las comunidades indígenas” en dependencias de la Universidad de La Frontera, en Temuco.

El encuentro reunió a representantes de diferentes instituciones públicas de la zona, como: el Gobierno Regional de La Araucanía, INDAP, CONADI, SERVIU, SEREMI de Desarrollo Social, CONAF y MOP, entre otros, y a representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en torno al debate por la necesidad de mejorar la institucionalidad pública para ofrecer un mayor apoyo al desarrollo integral de las comunidades indígenas.

El evento congregó durante dos días a funcionarios públicos, representantes del gobierno, funcionarios de Naciones Unidas y académicos con el objetivo de generar consenso y propuestas para adecuar los programas e instrumentos en desarrollo productivo y habitabilidad a las necesidades y realidades de los pueblos indígenas.

De izquierda a derecha: Matías Abogabir, Asesor especial para Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Mario Mangarelli, Oficial Principal para el Programa de Campo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; Loreto Seguel, Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Germán Riquelme, Subdirector Nacional Sur de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

El 5 y 6 de enero de 2012 se llevó a cabo el seminario-taller: “Hacia una política Indígena pertinente”, en dependencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La iniciativa reunió a más de 70 representantes del gobierno y funcionarios públicos, tanto de Santiago como de regiones, y fue organizada conjuntamente por la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la FAO, en  el marco del Programa Conjunto Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Prevención y Gestión de Conflictos Interculturales en Chile (Programa Conjunto Pueblos Indígenas).

El encuentro buscó avanzar en la discusión y llegar a acuerdos respecto del incremento de la adecuación de los programas e instrumentos públicos a las necesidades de los pueblos indígenas, según ámbitos de intervención definidos para este caso como: habitabilidad, producción y desarrollo social y cultural. Adicionalmente, se analizó el estado de articulación interinstitucional en esta materia.

Durante el evento, María Eugenia Fernández, del Ministerio de Desarrollo Social y Juan Anjari, de FAO, expusieron sobre los nudos críticos detectados en el diseño, implementación, coordinación y pertinencia de programas e instrumentos públicos para el mundo indígena en Chile. Los investigadores René Montalva y Francisca Fonseca, de la Universidad de La Frontera, por su parte,  presentaron el estudio “Evaluación Socio- Productiva de Tierras adquiridas por el Fondo de Tierras y Aguas de CONADI”.

“Para el Ministerio, en su rol de coordinador de la política pública, es fundamental este taller porque permite que trabajen en conjunto todos los que de alguna manera aportan al desarrollo de los pueblos originarios en Chile. Además, es una instancia para buscar un trabajo coordinado y articulado, que permita elaborar planes y programas pertinentes para el desarrollo indígena, que realmente sirvan a las necesidades de estos pueblos”, señaló la subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Loreto Seguel.

Por su parte, el representante de la FAO en el Programa Conjunto: Pueblos Indígenas, de Naciones Unidas, Juan Anjari, señaló: “Para FAO la realización de este taller ha sido muy importante, pues hemos podido apreciar a la institucionalidad de diferentes ministerios e instituciones concordando en darle relevancia al tema indígena y a las necesidades de adecuación de la política pública y sus programas hacia ellos, lo que resulta clave “.

El cierre del taller estuvo a cargo del asesor especial para asuntos indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Matías Abogabir, quien ofreció un compendio de los principales desafíos de la política pública en materia de pertinencia cultural, según lo concluido en el taller.

Entre estos desafíos, se mencionó la necesidad de contar con instrumentos y programas diseñados especialmente para los pueblos indígenas; la necesidad de adecuar los programas existentes con el fin de facilitar el acceso de la población indígena a sus beneficios; la necesidad de abordar la temática indígena de manera transversal en la institucionalidad pública; la necesidad de mejorar la información, coordinación y gestión de los programas públicos; la necesidad de capacitar a los funcionarios y la  de aumentar los mecanismos de participación de los pueblos en las tomas de decisiones. Adicionalmente, se mencionó a la necesidad de cuantificar y mejorar la información sobre los beneficiarios indígenas de las políticas públicas.

El objetivo de la investigación fue ofrecer un diagnóstico sobre el tratamiento que los medios de comunicación han dado a las problemáticas sociales que involucran a los pueblos indígenas.

El Subdirector del ICEI y líder del equipo investigador del estudio, José Miguel Labrín, junto a Elisa Loncon, académica del departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y Domingo Namuncura, ex director de CONADI, quienes comentaron la investigación.

A fines de noviembre de 2011, se dieron a conocer los resultados del estudio: “Análisis de la cobertura y tratamiento de los conflictos indígenas 2010-2011”, que elaboró el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI) con apoyo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), en el marco del Programa Conjunto: Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos interculturales en Chile (o Programa Conjunto Pueblos Indígenas).

La investigación tuvo como principal objetivo ofrecer un diagnóstico sobre el tratamiento que los medios de comunicación han dado a las problemáticas sociales que involucran a los pueblos indígenas, describiendo el uso de estereotipos, el manejo de fuentes, la importancia que se le da a las notas y la forma en que se presentan en general. Específicamente, se analizó la cobertura realizada por El Mercurio, El Diario Austral y El Mercurio de Valparaíso a tres conflictos: la huelga de hambre mapuche de 2010, la huelga de hambre mapuche de 2011 y las tomas de terrenos en Rapa Nui de 2011.

Entre las principales conclusiones del estudio se encuentra el hecho de que, pese a que algunos de los conflictos analizados fueron cubiertos en el tiempo, hubo una escasa aproximación interpretativa a los fenómenos y las notas fueron más bien de corte informativo “neutral” y poco profundo. “Este hecho refleja la falta de problematización asociada a dichos conflictos en tanto discusión pública mayor”, señaló el subdirector del ICEI y líder del equipo investigador de este estudio, José Miguel Labrín.

En cuanto a las fuentes utilizadas, la investigación constató que, frente a los hechos conflictivos que involucraron a personas indígenas, las más utilizadas y legitimadas fueron las fuentes oficiales y, en especial, las gubernamentales. Según el estudio, frente a ellas se produjo escasa crítica. El único ámbito que puso tensión a este respecto identificado durante el desarrollo de la crisis es la extensión del criterio de justicia  a partir de la ley antiterrorista y el actuar de la policía en el desalojo de terrenos en Rapa Nui. El  informe también permitió constatar que las fuentes indígenas están presentes sólo en los temas generados desde ellos, no siendo consultados en los temas coligados generados por otras fuentes informativas.

Respecto de las diferencias entre la cobertura de los diarios de cobertura nacional y regional, el estudio permitió demostrar que los diarios regionales ofrecen mayor información paralela a los conflictos pero que, sin embargo, ésta no se diferencia substancialmente a nivel de fuentes utilizadas, tipo de lenguaje y estereotipos presentes de la cobertura central de los temas.

Por último, el informe señaló que los medios de comunicación analizados presentan escasas propuestas autónomas para la resolución de los conflictos, tendiendo a ofrecer una cobertura distanciada a este respecto, lo que confirma la superficialidad de la cobertura a las temáticas que involucran a los pueblos indígenas en situación de conflicto.

Descargar el estudio:

Informe final: Análisis de la cobertura y tratamiento de conflictos indígenas 2010 – 2011

191 funcionarios de la Defensoría Penal Pública de todo el país fueron beneficiarios de este programa de capacitación, que estuvo a cargo del  Programa de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

De izquierda a derecha: el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum; la coordinadora del Programa Conjunto Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, María Eliana Arntz; el Defensor Nacional, Georgy Schubert y el representante residente en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Benigno Rodríguez.

En diciembre finalizó el programa de capacitación para funcionarios de la Defensoría Penal Pública en Derechos Humanos y Defensa Penal de Pueblos Indígenas que llevó a cabo el  Programa de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, en el marco del Programa Conjunto Pueblos Indígenas.

La iniciativa tuvo como objetivo avanzar en la eliminación de las brechas que impiden el acceso adecuado a la justicia de las personas pertenecientes  a las diversas etnias indígenas que cohabitan en el territorio nacional. Estas brechas muchas veces están asociadas a la falta de entendimiento, por parte de la institucionalidad nacional, de las particularidades culturales de los miembros de los pueblos originarios, situación que repercute en que no se garantice su adecuado acceso a la justicia.

Destacados académicos de la Universidad de Chile, -entre ellos: Claudio Nash, Juan Pablo Mañalich, Gonzalo Medina, Minda Bustamante, Rodrigo Lillo, Luis Francia, Rodrigo Valenzuela y Milka Castro-, fueron los responsables de la formación del personal de la Defensoría.

Los beneficiarios directos de este programa de formación especializada fueron 137 defensores penales públicos de las diversas regiones del país y alrededor de 50 funcionarios del sistema de justicia. Entre los últimos, destacan los facilitadores culturales, miembros de los pueblos originarios que actúan facilitando el diálogo intercultural entre los representantes de la justicia y los miembros de las comunidades, quienes fueron capacitados en las materias judiciales pertinentes.

El curso se impartió en una modalidad e-learning y tuvo una duración de 60 horas distribuidas en seis semanas entre los meses de octubre y diciembre de 2011.

Los módulos impartidos en el curso fueron, Derechos Humanos, Instrumentos internacionales y derechos Indígenas; Antropología Jurídica, Peritaje Antropológico y Constitucionalismo en Chile; Derecho Penal y Procesal Penal aplicado a Imputados Indígenas; Análisis de jurisprudencia internacional en materia indígena;   a Proceso Penal a indígenas en América Latina: Experiencias comparadas y Argumentación y defensa en contextos de interculturalidad.

Tras la implementación de este programa de capacitación, la Defensoría contará con personal especializado en interculturalidad y derechos indígenas en la totalidad de las regiones del país, lo que constituye un sustantivo avance en términos del reconocimiento de las diversas etnias indígenas que requieren un servicio de defensa penal especializado.

Durante el encuentro se expuso el proyecto de ley  de reconocimiento y resguardo de los sistemas culturales de salud en Chile, que está siendo trabajado por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Programa Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud.

Más de cien representantes indígenas de Chile y Latinoamérica se dieron cita en territorio Makewe Pelale de la región de la Araucanía, los día 14, 15 y 16 de diciembre de 2011 en el marco del “Seminario Nacional e Internacional de Indicadores de Salud de Experiencias de Salud Indígenas”.

Más de cien representantes indígenas de Chile y Latinoamérica se dieron cita en territorio Makewe Pelale de la región de la Araucanía, los día 14, 15 y 16 de diciembre de 2011 en el marco del “Seminario Nacional e Internacional de Indicadores de Salud de Experiencias de Salud Indígenas”. La actividad contó con la presencia de representantes mapuches, de territorios huilliches, lafquenches, nagches, picunches y pehuenches; aymaras y del pueblo Likanantay. Adicionalmente, participaron representantes indígenas de otros países como del pueblo Quechua de Ecuador, del pueblo Mapuche de Argentina y representantes del pueblo Tiwanaku, de Bolivia.

El seminario buscó generar espacios de encuentro que permitieran el intercambio de experiencias, ideas y posicionamientos desde el enfoque de derechos colectivos sobre temas relacionados con la salud indígena. Además, los asistentes buscaron profundizar en la conceptualización e incorporación de los conocimientos de los pueblos indígenas en esta materia y en la elaboración de propuestas de registros de indicadores de salud con pertinencia cultural.

Yolanda Nahuelcheo, Coordinadora Regional de Salud Indígena de la SEREMI de Salud de Temuco e integrante de la Coordinación de Experiencias de Salud Mapuche de Temuco, organización que convocó el evento, señaló: “es importante poder validar las experiencias, conocer otras experiencias de salud indígena y compartir visiones desde el mundo indígena, porque esto potencia el trabajo que se realiza a nivel regional. Durante el seminario pudimos constatar cómo otros pueblos indígenas de países vecinos, van avanzando en materia de salud indígena”.

Durante el evento, representantes  aymaras del norte de Chile presentaron tres experiencias: la primera vinculada al trabajo de parto con pertinencia intercultural; la segunda relacionada con la normativa sanitaria de los alimentos aymaras y la tercera fue una experiencia de trabajo de educación sexual realizada en un liceo educacional Putre.

Los representantes del pueblo Likanantay, por su parte, presentaron una modalidad de trabajo intersectorial con los SEREMIS de Salud y servicios de salud.

Los miembros del pueblo Pehuenche presentaron protocolos de derivación de hospital a especialistas indígenas y una experiencia de fortalecimiento de la identidad de las comunidades relocalizadas en el bajo Bío-bío, tras la implementación de un hogar intercultural en Santa Bárbara y una sala de parto adaptada a su cultura.

Entre las iniciativas de salud con pertinencia intercultural de la Región de la Araucanía, se presentó la experiencia del Hospital Makewe,  en el que se practica la derivación a especialistas mapuches y otras experiencias similares de derivación, como el Centro de Salud Mapuche, de Galvarino y el Centro de Salud Mapuche de la comunidad de Pantano, en la comuna de Lumaco, donde además se ofrece un sistema que complementa la salud con la educación, bajo el principio del “buen vivir”.

Otras iniciativas de la Región de la Araucanía que fueron presentadas se dedican exclusivamente a la  medicina mapuche, como el Centro de Medicina Mapuche Newen tuleaiñ, que atiende en el hospital intercultural de Nueva Imperial y el Hospital de Puerto Saavedra. Adicionalmente, se presentó la experiencia del Centro de salud Boroa Filu lawen, ubicado en zona rural de Nueva Imperial, donde se practica una complementariedad entre  sistemas de salud indígena y occidental; el Centro de salud comunitario intercultural de Icalma y el centro Colpanao, de Padre de Las Casas que también son iniciativas de complementariedad entre sistemas médicos. Finalmente, también se hizo referencia a la experiencia de la comunidad Réquiem Pillán de la comuna de Ercilla, donde existe atención solidaria por parte de una machi de otro territorio que asiste a la comunidad.

Entre las experiencias internacionales presentadas, destacó la del Hospital Cayambe, en la zona de Pichincha (Ecuador), que cuenta con salas de parto culturalmente adecuadas y donde se ofrece la opción de la presencia de familiares en el proceso. También destacó la presentación de la representante del pueblo Tiwanaku de Bolivia, Rosario Ayala, quien presentó un programa de posgrado en salud comunitaria con pertinencia cultural que se realiza enLa Pazy que está orientado a médicos interesados en el trabajo a nivel comunitario.

En el marco del encuentro, el coordinador de la Red de Salud Indígena, José Millalén, expuso un resumen de lo que ha sido el camino para llevar adelante el proyecto de ley de reconocimiento y resguardo de los sistemas culturales de salud en Chile. Este proyecto cuenta con la participación de representantes de los pueblos Aymara, Likanantay, Diaguita, Colla, Rapa Nui y Mapuche y tiene apoyo del Ministerio de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el marco del Programa Conjunto Pueblos Indígenas.

Representantes de las comunidades: Luis Carilao, Juan Andrés Cheuque, Huenchún Huenchuñir, Huenuta Curilén y Amaza, de la comuna de Victoria, recibieron los Planes Integrales de Inversión Comunitarios.

El 15 de diciembre pasado, el equipo técnico de FAO hizo entrega de Planes Integrales de Inversión Comunitarios (PIIC) a representantes de las comunidades: Luis Carilao, Juan Andrés Cheuque, Huenchún Huenchuñir, Huenuta Curilén y Amaza, de la comuna de Victoria, que participaron en el diseño y elaboración de esta experiencia piloto.  La actividad contó con la participación del alcalde de la comuna, Hugo Monsalves, y con el jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Javier Jaramillo.

Las comunidades que participaron en este proyecto piloto son beneficiarias del Fondo de Tierras de CONADI que han vivido procesos de reasentamiento en distintos niveles, incluso con traslado desde otras comunas de la región de La Araucanía.

Tanto los Planes de Gestión Comunitarios y Territoriales como los Planes de Inversión Comunitarios, buscan aportar al desarrollo de los territorios de una manera integral y planificada, poniendo en valor las sinergias que se obtienen al evaluar un conjunto de proyectos (agua potable, caminos y electrificación, entre otras variables).

Estos planes de inversión, de ser aprobados, beneficiarán directamente a 162 familias e indirectamente a otras comunidades aledañas a Selva Oscura, aportando significativamente al desarrollo integral de estas comunidades, -desde su territorio y su cultura-, y a la disminución de la brecha en su acceso a servicios básicos con el resto de la región.

La campaña tuvo como objetivo general promover en la sociedad chilena una mayor valoración de las culturas indígenas, rescatando su patrimonio material e inmaterial y su vinculación con el resto de los sectores sociales del país.

El pasado 30 de diciembre finalizó la exposición fotográfica: “De dónde viene uno”, que estuvo abierta durante todo ese mes en el centro Casas de Lo Matta, Vitacura. Con el cierre de esta actividad, se finalizó la campaña Mucho Chile, que llevó la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (UNESCO) junto a la Fundación Gonzalo Rojas y la Radio Universidad de Chile, en el marco del Programa Fortalecimiento de las capacidades de prevención y gestión de conflictos interculturales en Chile (o Programa Conjunto Pueblos Indígenas).

Andrés Pascoe, representante de UNESCO, señaló: “necesitábamos que los chilenos recordaran que las culturas originarias son parte de lo que somos hoy, ese fue el origen de la campaña”.

La campaña tuvo como principal objetivo promover en la sociedad chilena el  reconocimiento y la valoración del aporte que la diversidad de culturas indígenas hacen al patrimonio cultural del país.

Entre las actividades realizadas por la campaña, destacó un foro sobre pueblos originarios, que convocó a tres importantes expertas en lenguas indígenas; un encuentro de letras originarias, en el que participó el poeta mapuche Elicura Chihuailaf y la poeta mexicana-zapoteca, Natalia Toledo; el concurso fotográfico: “De dónde viene uno” y una  Feria Productos Originarios, que contó con la presentación de extractos de la obra “Extranjero, el último Hain” de la compañía teatral Patogallina.

Durante el cierre de la campaña, Gonzalo Rojas, director de la Fundación Gonzalo Rojas, institución que fue contraparte de UNESCO en el Programa Mucho Chile, señaló: “Agradezco a todos quienes han querido participar de este proyecto y de esta aventura de tratar de recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Esta fue una invitación al reconocimiento, no sólo de los pueblos originarios, sino también al reconocimiento de la diferencia: a la necesidad de ser distintos, a valorar que seamos distintos, que pensemos distinto y que imaginemos el mundo de distintas maneras y que, desde esas distintas visiones, podamos ir convergiendo en un mundo más justo, más generoso y más humano para todos. Esperamos que este trabajo que hemos realizado con tanto cariño entre todos sea una semilla en ese camino”.

Por su parte, Hugo Guzmán, editor general de la Radio Universidad de Chile, que fue otra de las entidades que formó parte de la campaña Mucho Chile, señaló: “Esta campaña ofreció una cercanía sensible y formativa con las leguas originarias, las letras indígenas, su gastronomía, el arte, la fotografía y la palabra que surge de los pueblos”. Agregó: “Lo que concierne a los pueblos indígenas no debe ser un acto formal demagógico paternalista, turístico y esporádico; sino comprometido, real, profundo, sincero y constante; donde la inclusión signifique respeto, comprensión, derechos y convivencia”.

Finalmente, Andrés Pascoe, representante de UNESCO, recordando el origen de la campaña Mucho Chile, señaló: “Necesitábamos que los chilenos recordaran que las culturas originarias son parte de lo que somos hoy, ese fue el origen de la campaña”.

El pasado 30 de noviembre, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (UNESCO) inauguró la exposición fotográfica: “De donde viene uno”, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de diciembre del 2011, en el centro Casas de Lo Matta (Av. Kennedy 9350, Vitacura).

El ganador del primer lugar del concurso fotográfico: “De dónde viene uno”, Aníbal Barra Maldonado, fue premiado por su fotografía: "Raíces Temporales".

La muestra está compuesta por algunos de los mejores trabajos que participaron en el concurso fotográfico: “De dónde viene uno”, que organizó UNESCO, en el marco de la campaña comunicacional Mucho Chile que forma parte del Programa Conjunto Pueblos Indígenas.

Tanto el concurso de fotografías como la exposición son una invitación a explorar la formación de identidades, las raíces y la valoración de  la importancia del universo indígena en la composición de la cultura y/o subculturas de Chile. A este respecto, el representante de la Corporación Cultural de Vitacura, Hernán Swart, señaló: “detrás de cada una de estas obras hay una persona que retrató su origen, sus raíces, compartiendo con todos nosotros a sus familias, su historia de vida y su particular mirada de la sociedad”.

Durante el evento, el director de la Fundación Gonzalo Rojas, institución que ha sido contraparte de la campaña Mucho Chile, declaró que la exposición era una invitación al reconocimiento, no sólo de los pueblos originarios, sino también  del valor diferencia: “es un reconocimiento a la necesidad de valorar que seamos distintos (…), que imaginemos el mundo de distintas maneras y que desde esas distintas visiones podamos ir convergiendo en un mundo más justo, más generoso y más humano para todos”, señaló.

El editor general de la Radio Universidad de Chile, Hugo Guzmán, otra de las entidades que ha sido contraparte de UNESCO en la campaña Mucho Chile, señaló: “lo que concierne a los pueblos originarios no debe ser un acto formal demagógico paternalista, turístico, esporádico; sino comprometido, real, profundo sincero, constante; donde la inclusión signifique respeto, comprensión, derechos y convivencia”.

Finalmente, Andrés Pascoe, representando a UNESCO, recordó que la muestra fotográfica buscaba poner de manifiesto la conexión que existe entre la sociedad chilena y los pueblos indígenas: “necesitábamos que los chilenos recordaran que las culturas originarias son parte de lo que somos hoy y ese fue el origen de la campaña”.

Durante la inauguración se premió a los autores de las fotografías ganadoras del concurso,  quienes acogieron la invitación a explorar en torno a su identidad, su historia y sus raíces mediante la expresión fotográfica.

Se puede ver una muestra de las fotografías que forman parte de la exposición en el Sitio Web de la campaña Mucho Chile:  http://www.muchochile.cl/fotos-ver.php

El objetivo del concurso es apoyar iniciativas de los pueblos indígenas que contribuyan a incrementar el conocimiento en Derechos Humanos, el diálogo y la paz.

Desde el 6 de diciembre de 2011 hasta el 6 de enero de 2012 se encontrará abierto el período de postulaciones para participar en el concurso de asistencia técnica que está implementando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Programa Conjunto Pueblos Indígenas.

El objetivo de la actividad es apoyar iniciativas de los pueblos indígenas que contribuyan a incrementar el conocimiento en Derechos Humanos y que promuevan procesos de diálogo y reflexión participativa.

Entre las actividades susceptibles de ser financiadas por la presente iniciativa se encuentran: seminarios, foros y capacitaciones, entre otras. Estas pueden estar orientadas a promover el conocimiento  y la formación en derechos de los pueblos indígenas, o bien, ser iniciativas de diálogo que contribuyan a la paz y a la convivencia intercultural.

A continuación se encuentran las bases y el formulario de postulación al concurso:

• Bases del Concurso
• Formulario de Postulación

El congreso busca potenciar el diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y la sociedad chilena y sus instituciones, asumiendo el uso de las lenguas como instrumento de conocimiento, valoración y respeto a los pueblos indígenas.

El pasado 18 y 19 de noviembre, representantes de los pueblos Aymara, Quechua, Diaguita, Mapuche, Yagan, Selknam, Kawescar, Rapa Nui, -además de invitados Internacionales, profesores, investigadores y estudiantes-, se dieron cita en la Sala de las Artes Víctor Jara de Universidad de Santiago de Chile en el marco del II Congreso de las lenguas indígenas de Chile.

©Comunicaciones Facultad de Humanidades de la USACH/ Carlos Martínez. II Congreso de las Lenguas Indígenas de Chile convocó a representantes de pueblos originarios de todo el país

La actividad fue organizada por la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile y, entre otros, contó con el apoyo de UNESCO y UNICEF, en el marco del Programa Conjunto Pueblos Indígenas.

El objetivo del congreso fue potenciar el diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y la sociedad chilena, asumiendo el uso de las lenguas como instrumentos de conocimiento, valoración y respeto a los pueblos indígenas. También buscó reactivar a los hablantes indígenas, especialmente
ancianas y ancianos de comunidades y de zonas urbanas, que han dejado de hablar y enseñar sus lenguas, muchas veces, producto de la discriminación.

Los participantes del encuentro se repartieron en seis mesas de trabajo para reflexionar, entre otras cosas, sobre la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales; los medios de comunicación, la cultura y los pueblos originarios; los derechos lingüísticos y educativos de los pueblos indígenas; las políticas lingüísticas; la promoción del valor de la diversidad lingüística y cultural y sobre metodologías de enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas.

Dentro de las conclusiones que se presentaron en la sesión plenaria con la que finalizó el Congreso, destacó el compromiso de crear una Red de Educadores Tradicionales de la Región Metropolitana, además de la implementación de una plataforma digital, mediante la cual, las comunidades indígenas puedan interactuar y disponer del acceso a materiales pedagógicos que promuevan la enseñanza y aprendizaje de sus lenguas.

Fuentes: Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Santiago de Chile y  El boyaldia.cl

Por Comunicaciones UNESCO 

“Y conversé con la Madre Tierra y mi alma brilló como una estrella”. Así habría el grupo musical Kloketen el evento, entre riffs de guitarra, zampoñas y charangos, marcando lo que sería el ánimo de una jornada que cumplió a cabalidad con su objetivo de promocionar y fortalecer las expresiones culturales materiales e inmateriales de nuestros pueblos originarios.

Atilio Pizarro, representante de la OficinaRegionalde Educación para America Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO Santiago, en línea con la Convención sobre la Protección de la Diversidad Cultural, explicó: “la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas”.

©UNESCO / Carolina Jerez La compañía Patogallina presentó un extracto de su obra: “Extranjero, el último Hain” durante la muestra gastronómica.

A medida que iban llegando los asistentes, el chef José Luis Calfucura ya demostraba su conocimiento profundo de los sabores sureños al ofrecer una jalea con confites de mote con manzanas, y la degustación de jugos de frutas naturales de la zona sur: murtilla, pera y membrillo, junto con aguas de
manzanilla y otras hierbas aromáticas.

El norte del país hacía sus aportes junto, al chef Joel Solorza que sorprendía con una reinterpretación del ají de gallina, un estofado de cochayuyo  acompañado con una rica quínoa característica del universo Aymara.

Mientras niños, niñas y adultos componían sus propias arpilleras con distintas variedades de semillas, lanas y otros materiales naturales, se preparaba un número que sorprendió a todos por su originalidad: Keyuk, joven poeta estudioso de las lenguas de los extintos pueblos originarios de la Patagonia, ofrecía al público cánticos e historias en lengua kawésqar.

La plaza Mulato Gil se encontraba repleta cuando representantes de la cultura Rapa Nui ofrecían una muestra de sus bailes tradicionales, junto con la degustación del poe, queque hecho a base de plátano, y bocados de camote y piña, entre otras preparaciones.

La mañana continuó con los saludos y el apoyo de numerosas personalidades del mundo de la cultura: Delfina Guzmán, Paz Bascuñan y Malucha Pinto, entre otras, quienes disfrutaron con sus familias de las degustaciones.

El cierre del evento contó con broches de oro. El primero fue la presentación de un extracto de Extranjeros, obra de teatro de la reconocida compañía La Pato Gallina. El segundo, un número musical a cargo de Moyenéi Valdés (ex Mama Soul). Luego, el esperado cordero magallánico al vino; y dos preparaciones especiales del chef Calfucura: un estofado de caballo y un disco de mariscos con especias.

Tal y como rezaba el grupo Kloketen, la muestra fue una conversación con la Tierra y las culturas originarias que nos enseñan a cuidarla y respetarla. Una conversación de la cual formó parte cada uno de los asistentes.

Asistentes a las jornadas de capacitación para líderes indígenas: "Los derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal de los Derechos Humanos".

El pasado 17 y 18 de noviembre de 2011, se realizaron las jornadas de capacitación para líderes indígenas: “Los derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Universal de los Derechos Humanos”. La actividad, que tuvo lugar en el Hotel Aitué de la ciudad de Temuco, contó con la presencia de más de treinta dirigentes indígenas de la zona sur, provenientes tanto de la Región de La Araucanía como de la Región del Bío-Bío, Los Lagos y Los Ríos.

Las jornadas fueron organizadas por el Sistema de Naciones Unidas en Chile y en ellas expusieron representantes de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); la Organización  Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estas agencias dieron a conocer los principales instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas en temas relativos a sus respectivos ámbitos de conocimiento y acción. Entre dichas temáticas, destacaron las relativas a los alcances de La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Convenio 169 de la OIT (ratificado por Chile en 2008) y la Convención sobre Derechos del Niño (suscrita por Chile en 1990), entre otras.

El objetivo de las jornadas fue fortalecer, en las organizaciones indígenas de la zona sur, el conocimiento práctico de los mecanismos que dispone el Sistema de Naciones Unidas para la  promoción e implementación de sus derechos. El coordinador del Grupo Interagencial sobre Pueblos Indígenas, Gary Stahl, quien inauguró estas jornadas de capacitación, señaló: “Deseamos que estas jornadas sean una valiosa oportunidad  de diálogo. Queremos conocer sus experiencias para que, además de lo que nosotros podamos explicar del funcionamiento de este sistema internacional que es un poco complejo, podamos aprender sobre la aplicación de estos instrumentos en Chile y la relación que tiene con la realidad que vive cada uno de uds.”

Los asistentes a las jornadas en general valoraron positivamente el espacio de formación. Nancy Antillanca, presidenta del consejo indígena de Osorno y werkén de la organización indígena Rukamapu señaló:  “Ha sido bien interesante, porque no siempre los dirigentes manejan esta información. Ha sido útil saber más sobre el Convenio 169 de la OIT y de los derechos del niño. Ojalá que estos conocimientos nos sirvan para cambiar leyes internas de Chile”. Gustavo Quilaqueo, de la comunidad Coña Quilaqueo, por su parte, señaló que las jornadas otorgaron herramientas para apoyar el trabajo de líderes y lideresas indígenas.  Finalmente, Alex Catricura, vicepresidente del área de desarrollo indígena Lleu-Lleu señaló: “Hoy estamos logrando entender que estas cosas hay que usarlas de manera estratégica para el bienestar de nuestro pueblo”.

©Elperiodico.cl "El encuentro contó con la participación del director de la CONADI, Jorge Retamal

A mediados de octubre, se realizó el 4º Seminario para la difusión de los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a dirigentes sindicales e indígenas de La Araucanía.

El encuentro contó con la presencia de la especialista en Normas Internacionales y Relaciones Laborales de la OIT y representante de dicha agencia internacional en el Comité de Gestión del Programa Conjunto Pueblos Indígenas, Kirsten-María Schapira-Felderhoff; el Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Jorge Retamal y representantes de los pueblos indígenas y de la CUT de la zona sur.

La actividad fue organizada conjuntamente por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el marco del convenio de cooperación que mantiene la entidad sindical con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

©FAO/ Juan Anjari. Comuneros mapuches elaboran Planes de Gestión Comunitaria y Territorial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social realizarán el taller: “Hacia una política indígena pertinente”. La iniciativa reunirá a representantes de los servicios públicos nacionales, vinculados al trabajo con comunidades indígenas, tanto a nivel nacional como regional.

En el taller se discutirán los resultados del Estudio: “Revisión de Programas e Instrumentos Públicos para el mundo indígena en Chile”, desarrollado por la FAO; el trabajo de identificación de nudos críticos realizado por el Gobierno Regional de La Araucanía y por la Unidad de Asuntos Indígenas, en la misma materia, y el estudio evaluación socio-productiva de tierras adquiridas por el fondo de tierras y aguas de CONADI, desarrollado por la Universidad de La Frontera a solicitud de CONADI.

El encuentro busca avanzar en la discusión y acuerdos de mejoras a los programas e instrumentos públicos, según sus ámbitos de intervención, definidos para este caso como: habitabildad, producción, y desarrollo social y cultural. También considerará los enfoques transversales (género, pertinencia cultural, territorialidad y participación). Además, se analizará el nivel de acercamiento de las instituciones públicas a las necesidades de los pueblos indígenas y el estado de articulación interinstitucional.

El coordinador del proyecto por parte de FAO en el Comité de Gestión del Programa Conjunto Pueblos Indígenas en el que se enmarca la actividad, Juan Anjari, explicó que los elementos críticos encontrados se relacionan principalmente con dos variables. La primera, es la falta de adecuación y pertiencia de la política en asuntos indígenas y, la segunda, es la necesidad de articulación interinstitucional en materia de asuntos indígenas.

©FAO/ Juan Anjari. Comuneros mapuches elaboran Planes de Gestión Comunitaria y Territorial.

Los puntos críticos detectados por el estudio de la FAO fueron identificados tras un estrecho trabajo de campo con las comunidades indígenas. Este trabajo ha dado como resultado varios Planes de Gestión Comunitarios y Territoriales (PGCT), que han sido elaborados por los comuneros a través de una metodología participativa.

Al encuentro asistirán funcionarios, regionales y nacionales,  representantes de diferentes ministerios e instituciones públicas que se relacionan con políticas y programas dirigidos al trabajo con comunidades indígenas. “Es relevante la participación institucional articulada; no sólo CONADI por la adquisición de las tierras, sino de todas aquellas que acompañarán la inversión para lograr el desarrollo integral de las comunidades”, concluyó Juan Anjari.

Con la presencia de destacados representantes del mundo indígena, social, académico, empresarial y político, el pasado 24 de octubre de 2011 tuvo lugar el primer encuentro del Comité Consultivo del Estudio sobre Interculturalidad y Pueblos Indígenas en Chile. 

El encuentro tuvo el objetivo de compartir, con quienes forman parte del comité, parte del marco conceptual y metodológico del estudio y recoger las apreciaciones, aportes y reflexiones de los participantes. “La labor conjunta que se inicia hoy día reviste gran relevancia para el Estudio que nos convoca y, sin duda, va a contribuir a garantizar la excelencia de la investigación que se ha iniciado”, señaló el Representante Residente a.i. de PNUD en Chile, Benigno Rodríguez.

El Estudio sobre Interculturalidad y Pueblos Indígenas en Chile busca aportar información sistemática sobre las formas en que se desenvuelven actualmente las relaciones entre quienes se consideran indígenas y quienes no. La investigación está también orientada a incidir en las opiniones, percepciones y posicionamientos de los actores involucrados, buscando optimizar lo que serán futuros procesos de diálogo intercultural en el país.

El equipo investigador está liderado por el antropólogo John Durston y contempla el soporte técnico del equipo a cargo de la elaboración de Informes de Desarrollo Humano de PNUD Chile.

El coordinador del equipo de desarrollo humano de PNUD, Pedro Guell, expresó la forma en que el enfoque intercultural, por el que está apostando el estudio, puede contribuir a una mejor convivencia: “Una sociedad que sea capaz de procesar las diferencias, tensiones y conflictos y, al mismo, tiempo proponer formas de cooperación para el desarrollo. Esto, pues en la relación con otros, en la diferencia, en el reconocimiento y en el procesamiento de los conflictos, todos nos hacemos más agentes y tenemos más posibilidades para actuar y construir un escenario común. Esto no es la paz entendida como un espacio donde no ocurre nada, sino un espacio en el que todos podemos ser más”.

Por su parte, el antropólogo John Durston dio cuenta de la metodología de investigación que se utilizará. Esta contempla la aplicación de una encuesta representativa para identificar opiniones y prácticas interculturales existentes actualmente en el país y la aplicación de entrevistas en profundidad a cargo de seis investigadores especialistas en interculturalidad (indígenas y no indígenas).

Los objetivos y alcances del estudio fueron presentados a representantes de los pueblos indígenas en tres talleres regionales realizados en las ciudades de Iquique, Temuco y Santiago durante la segunda quincena del mes de agosto y la primera semana de septiembre de 2011.

Entre los participantes del Comité Consultivo presentes en esta primera reunión se encontraron: Aucán Huilcamán, Dirigente Consejo de Todas las Tierras; Carolina Tohá Presidenta del PPD; Juan Carlos Skewes, Director de la Carrera de Antropología de la Universidad A. Hurtado; Cecilia Flores, del Consejo Nacional Aymara Malkus y Tallas; José Aylwin, Co-Director del Observatorio Ciudadano; Cecilia Mendoza, Presidenta Asoc. Lickanantai Ckausama; Matías Abogabir, Coordinador Unidad para Asuntos Indígenas; Erick Vejar Quintrel, representante de la comuna de Cholchol; José Manuel Edwards, Presidente de la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara Baja; Hugo Alcamán, Director Asociación Indígena Profesionales Mapuche Walmapu Siglo XXI; Jaime Huncahue, Integrante Mesa de Diálogo para el Reencuentro Historico; José Naín, representante de la Comuna de Galvarino de La Región de La Araucanía y Marcial Colín,  Presidente del Consejo Territorial Mapuche Mallolafken.

John Durston estudió en la Universidad de Wesleyan,Texas/Austin y realizó un Doctorado en Antropología en la London School of Economics and Political Science. Trabajó durante 30 años en las Naciones Unidas, la mayor parte de ellos en la CEPAL y ha prestado asistencia técnica en desarrollo social a varios gobiernos de América Latina. Actualmente, es investigador independiente y lidera el equipo investigador del Estudio sobre Interculturalidad y Pueblos Indígenas en Chile.

–Imaginemos una ensalada –ejemplificó el Doctor en Cs. Políticas, José Marimán–. Tiene varios vegetales revueltos en un plato, cada uno con su sabor distintivo, que en la mezcla con los otros ingredientes también produce un sabor muy rico. (…) La interculturalidad podría ser como la ensalada. Vivimos en una sociedad donde hay diversas culturas y cada una tiene su propio sabor que vale por sí mismo, pero que también vale junto a otros–. En la presente entrevista, el antropólogo John Durston y el cientista político José Marimán ofrecerán algunas luces sobre el significado y alcance del enfoque intercultural. Además, se referirán al estudio en el que están trabajando actualmente, que pretende adentrarse de manera profunda en la investigación de las relaciones interculturales que forman esta “ensalada chilena”.

José Marimán estudió en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de La Frontera, realizó un Máster en Cs. Políticas en la University of Colorado at Denver y un Doctorado en Cs. Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente se desempeña como consultor de temas indígenas y forma parte del equipo investigador del Estudio sobre Interculturalidad y Pueblos Indígenas en Chile.

¿Qué se entiende por interculturalidad?

JD: En el estudio estamos usando una definición muy general, simple y básica: interculturalidad es todo intercambio entre personas de culturas diferentes. Decidimos definirlo así para dejar abierta la posibilidad a que cualquier descubrimiento o hallazgo en la investigación permita ir desarrollando definiciones y conceptos novedosos.

JM: Yo podría explicar lo que se entiende por interculturalidad con un ejemplo: imaginemos una ensalada. Tiene varios vegetales revueltos en un plato, cada uno con su sabor distintivo, que en la mezcla con los otros ingredientes también produce un sabor muy rico, a diferencia de un gazpacho, por ejemplo, donde la mezcla es tan homogénea que es muy difícil identificar los sabores de cada elemento que lo compone por sí mismo. La interculturalidad podría ser como la ensalada. Vivimos en una sociedad donde hay diversas culturas y cada una tiene su propio sabor que vale por sí mismo, pero que también vale junto a otros.

JD: Es necesario aclarar que el estudio trata sobre las relaciones entre pueblos indígenas y otras personas y/o sectores de la sociedad chilena, por lo que no incluye todas las culturas y subculturas que hay en Chile. Además, buscamos conocer las prácticas de las personas en relación al otro identitario, por lo que hacemos una distinción conceptual entre identidad y cultura.

Si entendemos la cultura como la totalidad del mundo de vida en el que uno se mueve, o sea, todo lo que practica un grupo humano en común, la interculturalidad se puede entender como todo intercambio entre estos mundos de vida. No estamos preguntando si se trata de una cultura originaria o si ésta ya tiene incorporado o apropiado elementos de una cultura dominante. Eso es otra pregunta. Lo que se practica y lo que son los elementos culturales compartidos por una comunidad, o por un grupo más amplio, es su cultura o su subcultura.

La identidad tiene que ver más con el hecho de que una persona se identifique a sí misma como perteneciente a un pueblo indígena o no. Para ejemplificar, se puede decir que la cultura que pueden tener dos personas con identidad mapuche puede ser muy variable. Puede ser que una hable bien mapudungun y la otra apenas lo hable. Sin embargo, ambas tienen la identidad mapuche. En esta investigación, estamos estudiando las relaciones entre personas con identidad indígena y no indígena.

¿En qué se diferencia el enfoque intercultural de enfoques precedentes como el multicultural o el aculturalismo?

JD: Hay una discusión larga sobre las implicancias políticas y también conceptuales de cada término. Si nos limitamos a lo conceptual, hay un interés creciente en el mundo académico por entender la compenetración de sistemas culturales que antes eran nítidamente separables en la realidad. Hoy en día es más difícil delimitar las culturas. Hay préstamos culturales de un grupo a otro y un mismo individuo maneja la interculturalidad. Yo estoy de acuerdo con la afirmación de que todas las personas de pueblos indígenas se manejan en la interculturalidad. Esto, pues saben los códigos, prácticas y formas de relacionarse de una cultura y de otra.

Algunos teóricos plantean que el nivel de hibridización es tan grande que el mismo concepto de cultura, como un sistema coherente, en la práctica real de las personas ya no tiene sentido.

JM: En términos simples, podría decirse que el enfoque intercultural tiene que ver con valorar la diversidad y lo que produce el conjunto, a diferencia del multiculturalismo que tiene que ver con destacar lo diferente. Un caso paradigmático de multiculturalismo se puede observar en Jerusalén, donde judíos israelíes, árabes musulmanes y cristianos palestinos habitan un mismo espacio. Cada uno de estos grupos intenta preservar sus propios patrones de convivencia y casi no se juntan entre ellos. Se recrean a sí mismos, sin interactuar mucho.

Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de la posibilidad de poner todas estas cosas juntas en acción, combinándose e influyéndose unas con otras. O sea, en el fondo, es hablar de diálogo. La posibilidad de que la gente no sólo tienda a destacar lo diferente o lo que los separa, sino también la posibilidad de explotar lo que los mantiene unidos.

¿Cómo son las relaciones interculturales en Chile hoy?

JM: Eso es lo que estamos tratando de averiguar con este estudio. Sin embargo, y voy a hablar por mí, yo podría aventurarme a decir que no son buenas si hablamos sólo del conflicto mapuche, que es lo que más conozco. Ha habido huelgas de hambre; jóvenes muertos; ocupaciones de tierras; marchas; hace una semana quemaron unos camiones en Malleco; algunas comunidades reclaman una persecución permanente; hay dotaciones de policías establecidos de manera fija; hay allanamientos; etc. Si tomamos sólo en cuenta estos hechos, se podría concluir que las relaciones interculturales no son buenas. Sin embargo, si buscamos cosas que son positivas tal vez podríamos cambiar esta imagen. Y creo que se trata de eso,  de descubrir cómo se producen estos diálogos entre culturas y no sólo resaltar lo que nos separa.

JD: Eso es materia del estudio, por lo que es necesario no predeterminar  qué es lo que podríamos encontrar. Sin embargo, podría decir que hay una creciente percepción de que Chile es un país intercultural, pero que se está muy lejos de que esa percepción sea universal.

¿Ocurre que no nos damos cuenta de que somos un país intercultural?

JD: Unos sí y otros no. Por eso creo que es importante no generalizar. Ni siquiera podemos hablar aún de mayorías. Uno de los desafíos de este estudio es precisar más en qué medida se está consciente de que Chile es un país intercultural y de que esto es un valor y no un problema.

Pensamos que se han hecho muchos estudios sobre la situación de los pueblos indígenas de Chile, sobre su relación intercultural histórica, y se han hecho recomendaciones a los sucesivos gobiernos. Sin embargo, eso no ha dado los resultados esperados.

Este estudio va dirigido a la sociedad civil, a ayudar a profundizar la consciencia y el debate. Creo que es importante fortalecer a actores de la sociedad civil indígena y no indígena en torno a su capacidad de expresar propuestas sobre este tema a los partidos políticos y a los gobiernos. Proponemos que el encuentro y el debate no sean solamente entre gobierno y pueblos indígenas, sino también entre actores sociales y políticos indígenas y no indígenas.

¿Cómo el enfoque intercultural aporta al diálogo nacional, a la paz y la justicia?

JD: Primero habría que reconocer que es un beneficio que Chile sea intercultural y, segundo, ver los impedimentos u obstáculos para superar situaciones de injusticia o de una interculturalidad menos que ideal.

JM: Yo creo que toda vez que se produce un diálogo bien intencionado, con respeto, que considera las opiniones de los demás y no impone opiniones, hay una gran contribución a sacar del medio las posibilidades de generar descontento, violencia, etcétera. En esa perspectiva, la interculturalidad es un aporte a esos procesos.

¿Qué elementos son necesarios para que se viva una experiencia de interculturalidad positiva?

JM: Yo diría que, primero, un estudio como éste y también una actitud de la gente que revisa estos trabajos en el mundo de la política o de los negocios, por ejemplo. Se tiene que partir de la base de sacrificar algunas cuestiones personales como sociedad, como el etnocentrismo. A veces la gente no lo exterioriza o no lo reflexiona mucho, pero sí en la práctica expresa la idea de que nuestros valores son los más importantes y el resto tiene que adaptarse a ellos y no se tiene la actitud de escuchar al otro y de tratar de entenderlo.

Muchas de las políticas que se desarrollan hacia los pueblos indígenas pecan de esto. Las autoridades ponen a denominados expertos, que a veces no han tenido la oportunidad de mezclarse con esta gente, y estas personas crean unas políticas que son más bien de ficción.

Se trata de que sea posible que las personas que se encuentran en estas fronteras donde están presentes estas relaciones interculturales, realmente puedan dialogar y escuchar al otro antes de decidir actuar por sí mismos.

El diálogo depende de actitudes, de conocer al otro, de saber escuchar y aceptar que hay cosas que las personas que son distintas a ti pueden aportarte.

Muchas veces, lo que produce conflicto en vez de la mejora en las relaciones entre los grupos, son malos entendidos que proviene de no darse el tiempo de dialogar y escuchar. La interculturalidad tiene que ver con eso. Ir donde el otro, escucharlo, aprender de él y luego ver como tomar soluciones de manera conjunta sin imponer nuestra visión de las cosas al otro.

¿Qué medidas concretas habría que tomar para hacer realidad esta interculturalidad?

JD: Esa es una de las pregunta que vamos a hacer a las personas durante el estudio.

JM: Yo no estoy en condiciones de sugerir medidas. Creo que en este minuto nuestro rol es poder describir y explicar lo que está ocurriendo y, a partir de esos análisis, procurar que la gente que lea el estudio saque sus conclusiones. De todas maneras, hay que prestar atención a lo que los grupos indígenas están diciendo, porque no se trata de lo que yo propongo, sino lo que ellos están proponiendo. Eso es algo que hay que considerar y que será  reflejado en este estudio.

Podría suponerse que para que exista un diálogo es necesario que exista una simetría en términos de poder de las partes dialogantes…

JD: Se requieren cambios en las políticas públicas que sólo pueden venir a través de la participación política de actores sociales, indígenas y no indígenas. En relación a la pregunta por cómo lograr una mayor simetría de poder, lo planteamos como hipótesis de trabajo, como una de las vetas que se puede explorar.

JM: Honestamente, creo que esas simetrías son difíciles si consideramos que las fuerzas son disímiles entre la potencia que tiene un Estado en términos de recursos y un pueblo indígena que, dependiendo del tamaño, a veces son expresiones muy pequeñas. Obviamente, la relación de fuerza, en términos de poder, es totalmente asimétrica y, si bien la idea es buscar algo en términos de empoderar a la gente y de alguna manera provocar ciertos niveles de simetría, de todas maneras no es algo realista.

Muchas veces, el Estado se mueve por motivaciones que son bien tangibles, materiales, visibles y es normal que sea así. Sin embargo, hay partes de la cultura que no se ven tan rápidamente y que tienen que ver con los valores, qué piensa la gente, cómo resuelve sus problemas. Penetrar ahí toma tiempo y esas cosas influyen de sobremanera a la hora de tomar determinaciones. Llegamos entonces al punto de las buenas intensiones vs. una comprensión mucho más completa de lo que es un grupo.

Muchas veces, las llegadas exteriores alteran y dan otro sentido a las cosas, pero no necesariamente provocan cambios significativos, si es que no van acompañados de una buena comprensión, de un trabajo en donde los pueblos sientan que son parte de cualquier cambio que se pueda producir. En ese sentido, se trata de escucharlos, hacerlos participar y respetar sus decisiones.

¿Cómo se cambian los rasgos de la cultura que impiden las relaciones interculturales positivas, como la discriminación?

JM: Yo creo que es fundamental el rol de la educación, la formación y los valores que se inculcan a las personas. No creo que sea un proceso rápido de producir pero creo que el camino va por ahí. Es necesario ponerle atajo a los prejuicios, porque estos no se sustentan en el conocimiento de la realidad de algo, sino en interpretaciones: ficción. Cuando pensamos en los japoneses, hay gente que dice que es una cultura trabajadora o que los italianos son buenos para las fiestas… Hay que entrar en las sociedades para llegar a conocerlas y formarse una opinión.

Por último, quisiera preguntarles por los elementos de su cultura de origen o de su historia que los han llevado a acercarse al enfoque intercultural y a apostar por él…

JD: Hay varios elementos que han marcado mi cercanía con las relaciones interculturales. Mi familia de origen reside en Nuevo México, donde conviven personas de pueblos indígenas, van a sus ceremonias, surgen amistades. También la experiencia de los años 60 en Estados Unidos, cuando se rompió en gran medida el viejo esquema de subordinación racista que afectaba a los afroamericanos, a mí me marcó personalmente, como americano joven, universitario en esos años.

Entonces, desde distintos lados percibía la existencia de un otro diferente; me marcaron las historias de injusticia y comencé a preguntarme por la riqueza que podría tener una cultura diferente a la mía, la de los White Anglo-Saxon Protestants.

Llegué a Chile hace 30 y tantos años, siendo ya antropólogo y con estudios de situaciones interculturales con pueblos indígenas en México y Guatemala. El tema de la interculturalidad y la relación entre identidades de pueblos indígenas ya la traía conmigo. Sin embargo, cuando llegué a Chile me ocurrió un suceso que también me marcó: los chilenos en Santiago me hablaban de la cultura mapuche como algo de la historia antigua, haciéndome ver que eso habría desaparecido, que ese pueblo se habría asimilado totalmente y que ya no existirían como grupo o cultura identificable. Yo había viajado por el sur de Chile y no había percibido nada que indicara que existía un pueblo mapuche. Para mi sorpresa, en los años 70 un colega, Tom Dillehay, me mostró unas fotos que había sacado a un Nguillatún. Para mí fue muy dramático darme cuenta de que lo que había sido invisibilizado tenía una vigencia real y fuerte.

A partir de esa foto, empecé a interesarme por esta interculturalidad y por la invisibilidad de una de las culturas e identidades en cuestión.

JM: Yo soy hijos de migrantes del sur y tengo origen mapuche, pero nací en Santiago, crecí y me eduqué aquí. Después me fui a la universidad al sur y ahí tuve oportunidad de empaparme más de la cultura mapuche. Algunos me han dicho que soy un ser híbrido, puede ser, no lo sé.

Conversando con amigos que también son mapuches urbanos, creo que lo que ocurre es que uno llega a identificarse con una cultura o un grupo indígena, –aunque también podría identificarme con la tuya–, por una cuestión que tiene que ver con el otro. No es sólo lo que yo digo que soy, sino también lo que los demás dicen que soy.

Cuando en la adolescencia te dicen “indio”, esto marca una diferencia inmediatamente. Te lo pueden decir de manera simpática, con cariño o despreciativamente, pero ese calificativo ya marca una diferencia, porque la persona que te lo dice, te está diciendo con eso que tú no eres igual a él.

Cuando te dicen indio, hay un proceso que se despierta en los jóvenes que lo experimentan, porque tiene un sentido peyorativo. Por esa condición vas a sufrir un tratamiento especial, porque te identifican con estereotipos: flojo, borracho o, en resumen, alguien que no tiene el mismo nivel de quienes no son indios, lo que tiene consecuencias reales, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo.

Frente esto, se pueden tomar muchos caminos, intentar camuflase, por ejemplo, cambiándose el apellido; hacerse militante y luchar por los derechos de los pueblos indígenas; asumirlo simplemente; etcétera.

Muchos de los mapuches urbanos que han ido experimentando este rechazo hacen asociaciones, porque esa vivencia los ha hecho preguntarse qué significa esto, si es malo o no y los ha llevado a tratar de recuperar ciertas cosas.

Yo recuperé mi identidad en la adolescencia así. Porque además, cuando eres hijo de familias indígenas en la ciudad, aunque tus padres no te lo digan, en tu crianza hay una cantidad de cosas que después relacionas con esta cultura. Por ejemplo, yo de niño sabía historias de Chimallén, de Huitranalwes, y un montón de cosas que son parte de la mitología mapuche, que mis padres nunca me dijeron que eran mapuches. Al final, tú juntas todo esto y empieza a formar parte de tu andamiaje.

Por otra lado, por la parte de los pueblos indígenas, también hay diversas visiones sobre la identidad y algunas tienden también a separar y excluir a quienes, por ejemplo, son menos tradicionalistas. Sin embargo, existen valores que trascienden a las diferencias. Para que la interculturalidad funcione, hay que fomentar valores que de cierta manera permiten sortear diferencias y provocar comunicación, en eso creo que se resume el asunto.

Foto ©Portal regional de noticias en Atacama

Representantes de los diversos pueblos indígenas que conforman el territorio nacional han participado activamente en la elaboración de un proyecto de ley que busca reconocer y resguardar los sistemas culturales de salud.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con el Programa Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud están prestando colaboración técnica a los representantes de los pueblos indígenas en materia de salud, que están participando de esta iniciativa.

Hasta el momento, se ha elaborado una pre-propuesta de ley y se han realizado seis talleres de difusión de dicha propuesta en las ciudades de Arica, Castro-Chiloé, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, Iquique y Copiapó.

En el marco de esta iniciativa, también se realizó un encuentro mapuche para tratar el tema del rol de los especialistas de la salud mapuche en la propuesta de ley. Adicionalmente, se realizó un Encuentro (inter) Nacional de Pueblos  Naciones Originarias de Chile para el Reconocimiento y Resguardo de los Sistemas Culturales de Salud en Punta de Tralca que contó con la participación de representantes de organizaciones y especialistas de salud de los pueblos Aymara, Colla, Likanantay, Rapa Nui, Diaguita y Mapuche.

El proyecto nació como una iniciativa de la Red de Salud Mapuche, que fue compartida con los representantes de todos los pueblos indígenas de Chile. En el proceso de trabajo, se conformó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, integrada por representantes de los pueblos: Aymara, Likanantay, Diaguita, Colla, Rapa Nui y Mapuche que coordinará el proceso de finalización de la propuesta de ley en conjunto con el Ministerio de Salud.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Por Comunicaciones, UNICEF

Un programa académico de especialización en Derechos de Niño dirigido a Carabineros, está desarrollando UNICEF y la Universidad Central, en el marco de acuerdo de cooperación entre las tres instituciones.

La iniciativa forma parte del Programa Conjunto Pueblos Indígenas y consta de dos etapas. La primera, que se extendió entre el 7 y el 27 de octubre, fue para capacitar a los docentes e instructores de los aspirantes a Oficiales y Suboficiales. El objetivo es que ellos mismos les puedan transferir los conocimientos en las cátedras sobre Derechos Humanos que integran la malla de cursos regulares de formación. Entre otras materias,  ellos se abordarán los estándares internacionales de derechos de la infancia y de los pueblos indígenas; contribuyendo así al fortalecimiento de sus capacidades en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

©UNICEF “la especialista de UNICEF y representante de dicha agencia en el Comité de Gestión del Programa Conjunto Pueblos Indígenas, Oriana Zanzi, junto al General Claudio Veloso, Director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile; Sergio Fuenzalida, Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Central y los alumnos del programa que son docentes e instructores de aspirantes a oficiales de carabineros de distintas regiones del país”.

La segunda etapa, destinada a complementar la metodología de aprendizaje, contempla talleres para los alumnos de la Escuela de Oficiales  y de Suboficiales, y considera la elaboración de cartillas sobre interculturalidad y derechos de los niños, niñas y adolescentes, para apoyar los futuros programas formativos.

“La intención es seguir este programa académico que busca instalar contenidos y metodologías de derechos de la infancia e interculturalidad en las mallas  de formación de los planteles educacionales de Carabineros y así encaminar el trabajo de los policías bajo un enfoque de derechos”, explicó Oriana Zanzi, especialista de UNICEF.

El programa considera un proceso de evaluación permanente, con la finalidad de adaptarlo a los procedimientos policiales y adecuarla a las necesidades y contexto formativo de los alumnos.

El General Claudio Veloso, director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile agradeció el trabajo de UNICEF en esta línea. “Se trata de una instancia fortalecedora para la institución que servirá para reforzar el trabajo de Carabineros en torno a un sector vulnerado de la población que es importante para el desarrollo del país”.

La instancia académica liderada por UNICEF y la Universidad Central se desarrolla por primera vez este año. La proyección para los años siguientes es incluir estos contenidos en la malla curricular dentro de la institución para fortalecer las materias vinculadas con la protección de la infancia y adolescencia.

Tres importantes expertas en materia de lenguas indígenas dialogaron sobre la importancia del rescate de estas lenguas y las condiciones que ofrece el mundo actual y, en especial los nuevos medios de comunicación, para ello. La conversación fue la esencia del Foro sobre Pueblos Originarios y Medios de Comunicación, que se realizó el pasado 24 de octubre, en la sala master de la Radio Universidad de Chile.

La actividad se efectuó en el marco de la campaña MuchoChile que está realizando UNESCO como parte de Programa Conjunto Pueblos Indígenas y tiene como socios estratégicos a la Radio Universidad de Chile y a la Fundación Gonzalo Rojas.

La investigadora Mexicana Carmen Valverde, expresó: “Las lenguas son una ventana y una forma de ver el mundo. Es la manera en que uno entiende y concibe el lugar donde vive y las relaciones personales. Entonces, cuando se muere una lengua, no es sólo la pérdida de una forma de comunicación, sino que se cierra una puerta a una cosmovisión determinada”.

Explicando la relevancia y alcance que tiene esta materia, la investigadora mexicana y doctora en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carmen Valverde, expresó: “Normalmente estamos acostumbrados a ver, en las lenguas, una forma de comunicarnos y eso es real. Pero las lenguas además son una ventana y una forma de ver el mundo. Es la manera en que uno entiende y concibe el lugar donde vive y las relaciones personales. Entonces, cuando se muere una lengua, no es sólo la pérdida de una forma de comunicación, sino que se cierra una puerta a una cosmovisión determinada”. La doctora en lenguas de la Universidad de París, Ana Pizarro, agregó: “Al perder una lengua, la humanidad pierde formas de conocimiento y de saber”.

Respecto del rol de las políticas nacionales en esta materias, la académica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y coordinadora de la red por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, Elisa Loncón, destacó la importancia del rol de las políticas educativas en materia de la valoración de los aportes que entregan los pueblos indígenas, tanto en la actitud ante la diferencia, como en la necesidad enseñar los aportes de los pueblos indígenas. “Hay un racismo encubierto en Chile y, si la educación no se hace cargo a través de políticas de la necesidad de tener un país que proyecte y cultive su diversidad, no vamos a lograr cambiar la mentalidad y vamos a observar con preocupación el gran daño que significa perder una cultura”, declaró.

En cuanto a la vigencia de las lenguas indígenas, las expertas destacaron las iniciativas para reactivar el uso de las lenguas como una forma de rescatar la identidad indígena que han estado emergiendo con fuerza, sobre todo entre jóvenes pertenecientes y/o descendientes de pueblos indígenas. En este sentido, Elisa Loncón destacó el ejemplo del pueblo Selknam, donde los herederos y descendientes jóvenes han hecho un gran trabajo de búsqueda y reconstrucción de su lengua.

Frente a la pregunta por la posible incongruencia de conservar una lengua desarrollada en la oralidad en un formato escrito, las expertas estuvieron de acuerdo en que la escritura era una herramienta que podía estar al servicio del reforzamiento y rescate de las lenguas indígenas.

Finalmente, respecto del rol que tienen o podrían tener los medios de comunicación en la vigencia de las lengas originarias, Elisa Loncón se refirió a la necesidad de contar con un reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Agregó que, de esta manera, las lenguas podrían tener uso en los espacios donde se encuentran sus hablantes y tener un mayor acceso a los medios de comunicación. La experta mexicana, por su parte, señaló que en su país ha funcionado muy bien el uso de radios comunitarias, no sólo como espacios de conservación y difusión de la cultura, sino también como espacios de comunicación real entre las comunidades. Por último, Carmen Valverde señaló que los pueblos indígenas siempre han utilizado diversas herramientas para mantener su lengua y cultura y ejemplificó con el caso de un grupo de estudiantes de la Universidad Maya Yucateca que está traduciendo el navegador de Internet Motzilla Firefox a su lengua indígena.

De Izquierda a derecha: La doctora en letras de la universidad de Paris, Ana Pizarro; la investigadora mexicana y doctora en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carmen Valverde; la conductora del programa "Vuelan las plumas" de la radio Universidad de Chile, Vivian Lavín, y la coordinadora del área de interculturalidad del Doctorado en Cs. de la Educación de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y coordinadora de la red por los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, Elisa Loncón.

La campaña comunicacional busca promocionar el valor de la diversidad cultural y, en especial, de las culturas de los pueblos indígenas en Chile.

Con la actuación de la Orquesta Infantil Mapuche de Tirúa, dirigida por Horacio  Salinas, y la presencia de personas del mundo indígena, artístico y cultural del país, el pasado 26 de septiembre se lanzó la campaña Mucho Chile, en la sala master de la Radio Universidad de Chile.

Orquesta Infantil Mapuche de de Tirúa, dirigida por Horacio Salinas

La campaña está siendo ejecutada por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de  UNESCO y forma parte de Programa Conjunto Pueblos Indígenas. Además, tiene como socios estratégicos a la Radio Universidad de Chile y a la Fundación Gonzalo Rojas.

En el marco de esta campaña, se realizarán diversas acciones. Entre éstas se encuentra el II Congreso de las Lenguas Indígenas de Chile, una feria gastronómica, el concurso de fotografías “De donde viene uno”, un foro sobre pueblos originarios y redes de comunicación y un encuentro de letras originarias.

La campaña MuchoChile cuenta con el apoyo de destacadas personas del mundo de la cultura y las artes, como la actriz Delfina Guzmán; el escritor, Mauricio Electorat; el peridista, Juan Pablo Cárdenas; los actores Rodolfo Pulgar y Mario Horton y los músicos Nano Stern, Denisse Malebran y Moyenei Valdés, entre otros, quienes han sido rostros de la campaña.

“Con la presencia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum Anuch; el Defensor Nacional, Georgy Louis Schubert Studer y el representante residente del PNUD ad interim, Benigno Rodríguez, se firmó el convenio de capacitación de defensores públicos en derechos indígenas”.

La iniciativa tiene como objetivo avanzar en la eliminación de las brechas que impiden el acceso adecuado a la justicia de las personas pertenecientes  a las diversas etnias indígenas que cohabitan en el territorio nacional. Estas brechas muchas veces están asociadas a la falta de entendimiento, por parte de la institucionalidad nacional, de las particularidades culturales de los miembros de los pueblos originarios, situación que repercute en que no se garantice su adecuado acceso a la justicia.

Destacados académicos de la Universidad de Chile, de larga trayectoria en materias de derechos humanos de los pueblos originarios y multiculturalidad, serán los responsables de la formación del personal de la Defensoría. Los beneficiarios directos de este programa de formación especializada serán 137 defensores penales públicos de las diversas regiones del país y alrededor de 50 funcionarios del sistema de justicia. Entre los últimos, destacan los facilitadores culturales, miembros de los pueblos originarios que actúan facilitando el diálogo intercultural entre los representantes de la justicia y losmiembros de las comunidades, quienes serán capacitados en las materias judiciales pertinentes.

Tras la implementación de este programa de capacitación, la Defensoría contará con personal especializado en interculturalidad y derechos indígenas en la totalidad de las regiones del país, lo que constituye un sustantivo avance en términos del reconocimiento de las diversas etnias indígenas que requieren un servicio de defensa penal especializado.

Desde sus diversos campos de acción, las tres entidades firmantes de este convenio de colaboración institucional han estado abordando la necesidad de adecuar la institucionalidad nacional a los instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2008. El trabajo de estas tres instituciones ha tenido como piedra angular el diagnóstico compartido de la necesidad de adecuar los mecanismos de justicia a las necesidades particulares de los pueblos indígenas, lo que se ha cristalizado hoy con la firma de este acuerdo de colaboración para la capacitación de los funcionarios de la defensoría.